Esta es la segunda publicación de una serie sobre el bloqueo de impresión 3D; para leer la primera entrada, consulta: Impedir impresiones es anticonsumidor: permiso para imprimir, parte 1
Legisladores en todo EE. UU. están proponiendo leyes para imponer "bloqueadores de impresión" en las impresoras 3D vendidas en sus estados. Este software de censura obligatorio está condenado al fracaso en su propósito original, pero aun así logrará perjudicar a las comunidades de profesionales y aficionados que dependen de estas herramientas.
Las impresoras 3D se utilizan comúnmente para reparar pertenencias, decorar hogares, imprimir figuras y mucho más. No es solo cosa de aficionados; las impresoras 3D también se usan a nivel profesional para la creación de prototipos de piezas, fijaciones, fabricación en pequeños lotes y organización del espacio de trabajo. En raras ocasiones, también se han utilizado para imprimir piezas necesarias para el ensamblaje de armas de fuego.
Muchos estados ya han prohibido la fabricación de armas de fuego sin licencia mediante el uso de herramientas mecánicas controladas por computadora (conocidas como «máquinas de control numérico computarizado» o CNC) e impresoras 3D. Las leyes propuestas recientemente buscan imponer limitaciones técnicas a las impresoras 3D (y, en algunos casos, a las máquinas CNC) con la esperanza de hacer cumplir esta prohibición.
Esta es una pésima idea; estos mandatos serán onerosos de implementar y obligarán a los usuarios a depender del software del fabricante, impondrán costos iniciales y continuos tanto a los proveedores como a los usuarios, y sentarán las bases de una plataforma de censura de impresión 3D que podría utilizarse en otras jurisdicciones. Profundizamos en estos problemas en la primera parte de esta serie.
A nivel pragmático, sin embargo, estas exigencias estatales son solo una ilusión. A continuación, analizamos cómo funciona la impresión 3D, por qué estas leyes no disuadirán la impresión de armas de fuego y cómo el uso lícito habitual quedará atrapado en la red de vigilancia propuesta.
Cómo funcionan las impresoras 3D
Para entender el impacto de esta propuesta legislativa, necesitamos saber un poco sobre cómo funcionan las impresoras 3D. Las impresoras más comunes funcionan de manera similar a una pistola de pegamento caliente controlada por computadora sobre una plataforma móvil; siguen comandos básicos para mantener la temperatura, extruir (empujar) plástico a través de una boquilla y mover una plataforma. Estos movimientos en conjunto construyen capas hasta formar una «impresión» final. Las impresoras 3D modernas suelen ofrecer más funciones, como conectividad Wi-Fi o monitoreo por cámara, pero en el fondo son máquinas muy sencillas.
Las instrucciones básicas que utilizan la mayoría de las impresoras 3D se denominan Código Geométrico o código G (G-Code). Estas especifican movimientos muy básicos, como «moverse de la posición A a la posición B mientras se extruye plástico». La lista de comandos que finalmente imprimirá una pieza se transfiere a la impresora en un archivo de texto que puede tener desde miles hasta millones de líneas. La impresora sigue rigurosamente estas instrucciones sin tener una idea general de lo que está imprimiendo.
Si bien es posible escribir código G a mano, ya sea para una máquina CNC o una impresora 3D, la gran mayoría es generada por software de fabricación asistida por computadora (CAM), a menudo llamado «slicer» (laminador) en la impresión 3D, ya que divide un modelo 3D en muchas rebanadas 2D y luego genera las instrucciones de movimiento.
Este mismo proceso general se aplica a las máquinas CNC, que utilizan instrucciones en código G para guiar una herramienta de corte de metal. Las máquinas CNC han sido incluidas en prohibiciones anteriores sobre la fabricación de armas de fuego y la distribución de archivos, y también están en la mira de algunos de estos proyectos de ley.
Existen otros tipos de impresoras 3D, como las que imprimen concreto, resina, metal, chocolate y otros materiales utilizando métodos ligeramente distintos. Todas ellas estarían sujetas a los requisitos propuestos, por más improbable que sea causar daño con un arma hecha de chocolate.
 Modelo 3D rectangular simple para prueba de ajuste |
 Parte de un archivo de código G de 173,490 líneas generado por un laminador para un modelo rectangular simple. |
Parte de un archivo de código G de 173,490 líneas para una pieza rectangular simple.
¿Cómo se supone que funciona la detección de armas de fuego?
Bajo estas leyes propuestas, los fabricantes de impresoras 3D de consumo deben garantizar que sus equipos funcionen exclusivamente con su propio software e implementar algoritmos de detección de armas de fuego, ya sea en la propia impresora o en el software de laminado (slicer). Estos algoritmos deben detectar archivos de armas de fuego consultando una base de datos actualizada de modelos existentes. Los proveedores de impresoras deberán verificar luego que sus equipos figuren en la lista de autorización administrada por el estado antes de poder ofrecerlos a la venta.
Los propietarios de las impresoras incurrirán en un delito si eluden estos intrusivos procedimientos de escaneo o instalan software alternativo, algo que podrían verse obligados a hacer si el fabricante de su impresora deja de ofrecer soporte. Los dueños de impresoras 3D existentes que no cumplan con la normativa en los estados regulados no podrán revender legalmente sus equipos en el mercado de segunda mano.
¿Qué sucederá en realidad?
Aunque las leyes propuestas permiten que el escaneo se realice tanto en la impresora como en el software del laminador, la realidad es mucho más complicada.
Las computadoras internas de muchas impresoras 3D tienen una capacidad de cálculo y almacenamiento muy limitada; a la computadora de la impresora le resultará imposible renderizar el código G en un modelo 3D para compararlo con la base de datos de archivos prohibidos. Por lo tanto, la única forma de lograr esto desde la máquina sería subir todos los archivos de impresión a una herramienta de comparación en la nube, lo que generaría nuevos retrasos, errores e inaceptables invasiones a la privacidad.
En su lugar, muchos proveedores optarán por vincular de forma permanente sus impresoras a un software de laminado específico que cuente con detección de armas de fuego. Esto requerirá la firma criptográfica del código G para garantizar que solo se completen las impresiones autorizadas, y obligará a los propietarios de impresoras 3D a depender (vendor lock-in) del laminador que elija el fabricante de su equipo.
Al margen de los detalles de su implementación, estos algoritmos interferirán con la capacidad de las impresoras 3D para fabricar otras piezas sin llegar a detener realmente la manufactura de armas. Se requiere muy poca habilidad para que un usuario realice ligeros ajustes de diseño, ya sea en el modelo o en el código G, para evadir la detección. También se pueden diseñar modelos incompletos o muy modificados que adquieran funcionalidad con algunas alteraciones posteriores a la impresión. Aunque esto sería impulsado inicialmente por usuarios expertos —como aquellos que diseñaron las armas impresas en 3D actuales—, una vez que el diseño y las instrucciones estén disponibles, cualquiera con la capacidad de imprimir un arma hoy podrá seguir sus pasos.
Las funciones de identificación de piezas de armas de fuego también imponen costos a los fabricantes de impresoras 3D y, en consecuencia, a sus consumidores finales. Los fabricantes deberán desarrollar u obtener licencias para estos costosos algoritmos, además de mantener y actualizar de manera continua tanto el algoritmo como la base de datos de modelos de armas. Las impresoras más antiguas que no puedan cumplir con estos requisitos no podrán revenderse en los estados donde estén prohibidas, lo que generará aún más basura electrónica.
Mientras que quienes deseen fabricar armas podrán seguir haciéndolo, las personas que impriman otro tipo de piezas funcionales probablemente se verán afectadas por estos algoritmos. Esto ocurrirá en especial con artículos como utilería para películas, juguetes para niños o modelos decorativos, los cuales suelen asemejarse mucho a las armas de fuego reales o a sus componentes.
¿Cuáles son los impactos de estos cambios?
Las restricciones tecnológicas a las capacidades de las herramientas de fabricación son perjudiciales por muchas razones. A la EFF le preocupa particularmente que esta regulación obligue a vincular una impresora 3D al software privativo de un fabricante. Los proveedores podrán utilizar este mandato para admitir únicamente materiales de su propia marca, obligando a los usuarios a depender de ellos para futuras compras. El software de laminado de los proveedores suele basarse en software de código abierto obsoleto; obligar a los usuarios a usar ese software los priva de nuevas funciones o incluso del uso de su impresora por completo si la empresa quiebra. En el peor de los casos, algunos de estos proyectos de ley tipificarán como delito menor el intento de solucionar esos problemas y obtener el control total de tu impresora.
Los marcos de escaneo de archivos exigidos por esta regulación sentarán las bases para futuras intromisiones en la privacidad y la libertad. Este requisito podría ser cooptado para escanear impresiones en busca de infracciones de derechos de autor y ser objeto de abusos similares a las solicitudes de eliminación de la DMCA, o bien para censurar modelos considerados obscenos a través de un entramado de definiciones ambiguas. ¿Qué pasaría si no pudieras imprimir una pieza de repuesto porque el fabricante afirma que el modelo infringe su marca registrada? ¿Y si tu impresión fuera considerada obscena?
Independientemente de tu postura sobre las prohibiciones actuales de armas de fuego, todos debemos oponernos a este intento de imponer restricciones tecnológicas a las impresoras 3D, y los legisladores deberían, de igual forma, abandonar la idea. Estas leyes imponen costos reales y posibles daños a los usuarios respetuosos de la ley, preparan el terreno para futuras formas de censura y, sencillamente, no disuadirán la impresión de armas de fuego.
