En septiembre de 2024, Amandla Thomas-Johnson era un estudiante de doctorado que cursaba sus estudios en Estados Unidos con un visado de estudiante cuando participó brevemente en una manifestación a favor de Palestina. En abril de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) envió a Google una citación administrativa solicitando sus datos. Al mes siguiente, Google entregó la información de Thomas-Johnson al ICE sin darle la oportunidad de impugnar la citación, incumpliendo una promesa de casi una década de notificar a los usuarios antes de entregar sus datos a las fuerzas del orden.

Google menciona unas pocas excepciones a esta promesa (como si Google recibiera una orden de silencio de un tribunal) que no se aplican al caso de Thomas-Johnson. Aunque el ICE «solicitó» a Google que no notificara a Thomas-Johnson, la solicitud no era ejecutable ni había sido ordenada por un tribunal. Hoy, la Electronic Frontier Foundation ha enviado denuncias a los fiscales generales de California y Nueva York pidiéndoles que investiguen a Google por prácticas comerciales engañosas por incumplir esa promesa. Puedes leer sobre las denuncias aquí. A continuación se encuentra el relato de Thomas-Johnson sobre su terrible experiencia.

Fuera de contacto, pero no fuera de alcance

Pensé que mi terrible experiencia con las autoridades de inmigración de EE. UU. había terminado hace un año, cuando salí del país y crucé a Canadá por las Cataratas del Niágara.

Para entonces, la administración Trump había vuelto efectivamente el poder federal contra los estudiantes internacionales como yo. Después de asistir a una protesta a favor de Palestina en la Universidad de Cornell —durante apenas cinco minutos—, la retórica de la administración sobre tomar medidas drásticas contra los estudiantes que protestaban por lo que considerábamos un genocidio me obligó a pasar tres meses en la clandestinidad. Agentes federales vinieron a mi casa a buscarme. Un amigo fue detenido en un aeropuerto de Tampa e interrogado sobre mi paradero.

Actualmente soy estudiante de doctorado. Antes de eso, era periodista. Tengo doble nacionalidad británica y de Trinidad y Tobago. No se me ha acusado de ningún delito.

Creía que, una vez que saliera del territorio estadounidense, también habría quedado fuera del alcance de sus autoridades. Me equivoqué.

El correo electrónico

Semanas más tarde, en Ginebra, Suiza, recibí lo que parecía un correo electrónico rutinario de Google. Me informaba de que la empresa ya había entregado los datos de mi cuenta al Departamento de Seguridad Nacional.

Al principio, no me alarmé. Ya había visto algo similar antes. Un colaborador mío, Momodou Taal, había recibido un aviso previo de Google y Facebook de que se habían solicitado sus datos. Se le notificó con antelación las citaciones, y las fuerzas del orden acabaron retirándolas antes de que las empresas entregaran sus datos.

Google ya había revelado mis datos sin decírmelo.

Supuse que se me daría la misma oportunidad. Pero el lenguaje de mi correo electrónico era diferente. Era definitivo: «Google ha recibido y respondido a un proceso legal de una autoridad policial que exige la divulgación de información relacionada con tu cuenta de Google».

Google ya había revelado mis datos sin decírmelo. No había oportunidad de impugnarlo.

La promesa incumplida de Google

Para que quede claro, esto no debería haber ocurrido así. Google promete que notificará a los usuarios antes de que se entreguen sus datos en respuesta a procedimientos legales, incluidas las citaciones administrativas. Esa notificación tiene por objeto brindar la oportunidad de impugnar la solicitud. En mi caso, se eludió esa garantía. Mis datos fueron entregados sin previo aviso, a petición de una administración que tenía en el punto de mira a estudiantes que participaban en expresiones políticas protegidas.

Meses más tarde, mi abogado de la Electronic Frontier Foundation obtuvo la citación en sí. Sobre el papel, la solicitud se centraba principalmente en la información de los suscriptores: direcciones IP, dirección física, otros identificadores y horas y duraciones de las sesiones.

Pero, en conjunto, estos fragmentos forman algo mucho más poderoso: un perfil de vigilancia detallado. Los registros de IP pueden utilizarse para aproximar la ubicación. Las direcciones físicas muestran dónde duermes. Las horas de las sesiones mostrarían cuándo te comunicabas con amigos o familiares. Incluso sin el contenido de los mensajes, la imagen que surge es íntima e invasiva.

El poder del Estado se se encuentra con los datos privados

Lo que esta experiencia ha dejado claro es que cualquiera puede ser objeto de investigación por parte de las fuerzas del orden. Y con sus enormes almacenes de datos, las empresas tecnológicas pueden facilitar esas investigaciones arbitrarias. Juntas, pueden combinar el poder del Estado, los datos corporativos y la inferencia algorítmica de formas difíciles de percibir —y aún más difíciles de cuestionar—.

Las consecuencias de lo que me ocurrió no son abstractas. Me fui de Estados Unidos. Pero no siento que haya escapado de su alcance. Ser investigado por el gobierno federal es intimidante. Las preguntas te rondan la cabeza. ¿Soy ahora una persona marcada? ¿Me enfrentaré a un mayor escrutinio si sigo con mi labor periodística? ¿Puedo viajar con seguridad para ver a mi familia en el Caribe?

¿A quién, exactamente, puedo pedir cuentas? 

Actualización: Esta entrada se ha actualizado para incluir más información sobre las excepciones de Google a su política de notificación, ninguna de las cuales se aplicaba a la citación dirigida a Thomas-Johnson.