El Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) comenzó a desplegar drones de manera habitual hace dos años y, desde entonces, ha ampliado su uso de una forma que ha superado la política documentada y ha eludido la supervisión local y estatal existente sobre estos dispositivos.
El departamento tiene una nueva propuesta de política que sigue siendo groseramente inadecuada para proteger la privacidad y las libertades civiles. En el mejor de los casos, el borrador continúa el patrón del SFPD de imponer salvaguardas vagas a una herramienta de vigilancia poderosa; en el peor, de implementarse, la política podría dar paso a una vigilancia general de la ciudad, de gran alcance, sin objetivos definidos ni fines especificados, y con muy pocos límites.
La EFF se ha opuesto en repetidas ocasiones al desarrollo sin rendición de cuentas del programa de drones del SFPD y, recientemente, envió un comentario a la Comisión de Policía, el órgano civil de supervisión local, sobre la nueva política propuesta por el SFPD.
El SFPD ha estado eludiendo la supervisión de sus drones desde 2024. En marzo de 2024, los votantes de San Francisco aprobaron una medida con abundante financiamiento y respaldada por multimillonarios, la Proposición E, que buscaba ampliar el acceso de la policía a tecnologías de vigilancia. Entre sus efectos, la Proposición E eliminó los drones de la supervisión exigida por la Ordenanza de Tecnología de Vigilancia de 2019. Aun así, en su apuro por comprar drones tras la aprobación de la Proposición E, el SFPD violó a sabiendas la ley AB 481 de California, un estatuto estatal que exige que las agencias del orden obtengan la aprobación de su órgano de gobierno local electo antes de adquirir equipo militar, incluidos los drones. Finalmente, el SFPD solicitó una aprobación retroactiva a la Junta de Supervisores y, poco después, anunció que pondría en marcha un programa de drones como primeros respondientes (DFR, por su sigla en inglés).
Ahora, San Francisco tiene por fin la oportunidad de actualizar los lineamientos del SFPD de una manera que no quede obsoleta rápidamente, como ha ocurrido mientras el SFPD aumenta de forma constante los fines para los que usa drones. Si bien al principio se presentaron como herramientas para acciones específicas, como persecuciones de vehículos e investigaciones criminales en curso, en el lapso de un año el SFPD amplió los casos de uso para incluir el patrullaje, es decir, uso sin relación con un incidente específico. Junto con esta ampliación progresiva de funciones, el SFPD también ha incrementado de manera constante y exponencial el número de vuelos de drones: de aproximadamente 350 despliegues en 2024, a más de 1100 entre enero y agosto de 2025, y a más de 3500 solo en los primeros cinco meses de 2026.
El borrador original de una política actualizada, que el SFPD presentó a principios de este mes ante la Comisión de Policía local (un órgano civil de supervisión), ofrecía pocos detalles y proponía permitir que la policía tratara los vuelos de drones como una extensión de sus capacidades de patrullaje, allanando el camino para la vigilancia general, incluida la de actividades protegidas por la Primera Enmienda. La propuesta recibió un rechazo considerable por parte de la comunidad, y la Oficina del Defensor Público de San Francisco redactó una carta en la que describe las deficiencias de la política. Esa carta fue firmada por más de una docena de organizaciones locales, estatales y nacionales, entre ellas la EFF.
Ante estas inquietudes, la Comisión de Policía postergó cualquier decisión hasta que el SFPD las atendiera. Luego, el SFPD revisó su propuesta de política, pero esta versión tampoco ofrece orientación práctica a los agentes ni protege las libertades civiles, como señaló la Oficina del Defensor Público en una carta de seguimiento firmada por más de 40 organizaciones, entre ellas la EFF.
El comentario adicional de la EFF a la Comisión de Policía señala, en parte, la enorme brecha de supervisión de estos vuelos de drones, que no dejan de multiplicarse, y de la inmensa recopilación de datos que facilitan:
La política revisada establece que “[los vehículos aéreos no tripulados] pueden utilizarse como un recurso en cualquier situación en la que un integrante pueda ser desplegado para una respuesta de seguridad pública o cuando un integrante observe actividad delictiva”, pero no define qué se entiende por “respuesta de seguridad pública”. La política revisada también ofrece una definición de “Drones como Primeros Respondientes”, pero no aporta mayor detalle sobre el despliegue adecuado de los DFR. Sin salvaguardas apropiadas sobre su despliegue y uso, los drones podrían enviarse a cada llamada de servicio, incluso en situaciones que finalmente se consideren no incidentes, recopilando datos en el camino que luego se almacenan durante 30 días. Este tipo de patrullaje general podría convertirse en la práctica en vigilancia general, algo que el SFPD reconoce como un uso inapropiado de sus drones y que, sin embargo, sigue siendo posible bajo los términos vagos de la DGO actual.
La Comisión de Policía tiene previsto examinar el asunto el 14 de octubre. Puedes leer el comentario completo de la EFF aquí.
