Las agencias del orden de todo el país recurren cada vez más a tecnologías de espionaje, como los lectores automáticos de placas vehiculares (ALPR), los simuladores de antenas de telefonía celular y el reconocimiento facial, por nombrar algunas, lo que ha causado un clamor en muchas comunidades, preocupadas con razón por la amenaza que estas herramientas representan para los derechos y las libertades civiles.
Algunas autoridades responden a estas preocupaciones intentando ocultar lo que hacen. Hay departamentos de policía que ordenan a sus agentes no mencionar los ALPR al detener vehículos y que encubren su uso para evitar las solicitudes de registros públicos de la ciudadanía. Ocultar el uso de herramientas de espionaje impopulares no es ninguna novedad para las fuerzas del orden (los policías lo hacen desde hace años), pero está tan mal ahora como hace 20 años.
Estas prácticas impiden que el público sepa cómo las agencias gastan el dinero de los contribuyentes en tecnologías de espionaje, que lo cuestione y que les exija rendir cuentas. Esto resulta especialmente preocupante cuando muchas localidades firman contratos con Flock y otros proveedores de ALPR con escasa o nula supervisión pública. Además, la práctica viola las obligaciones de divulgación, permite que policías y fiscales oculten sus tácticas a los jueces e impide que las personas acusadas puedan impugnar el uso en su contra de pruebas obtenidas mediante tecnología de espionaje.
404 Media reveló hace poco que, en su política de uso de las cámaras ALPR de Flock, un condado de Iowa ordena a la policía mantenerlas en secreto cuando detiene a personas: “NO MENCIONE EL USO DE ALPR A LOS OCUPANTES DEL VEHÍCULO”, dice el documento. “NO MENCIONE EL USO DE ALPR EN SU INFORME NI EN SU DENUNCIA A MENOS QUE SEA ABSOLUTAMENTE NECESARIO”. Si redactan un informe sobre un incidente, se les indica que digan que usaron “recursos del condado” para realizar una detención, en lugar de reconocer el uso de ALPR.
En Houston, también se instruye a los policías a “ser tan vagos como sea permisible” sobre por qué usan Flock, porque las búsquedas que realizan en el sistema de vigilancia de Flock podrían obtenerse mediante solicitudes de registros públicos.
Crece la alarma pública por la amenaza que las cámaras ALPR suponen para las libertades civiles, y hay informes de policías que abusan de la tecnología al usarla para espiar a sus exparejas. Algunas ciudades han cubierto las cámaras, y otras están cancelando el uso de redes de ALPR. Dos estados han dado marcha atrás con los ALPR hace poco. Esta tendencia no pasa inadvertida para las agencias del orden. Ocultar que usan ALPR de Flock y de otros proveedores es una forma de evitar el escrutinio y la mala prensa.
Pero la costumbre de las fuerzas del orden y de sus proveedores de tecnología de espionaje de mantener a la gente a oscuras sobre las tecnologías de vigilancia que apuntan contra ella es anterior a la reacción contra Flock en varias décadas. Por ejemplo, AT&T creó a mediados de la década de 2000 una potente herramienta de vigilancia telefónica para la policía, llamada Hemisphere, y la empresa exigía a las agencias no usar en los tribunales pruebas obtenidas con Hemisphere, salvo que no hubiera ninguna otra prueba admisible. Si se utilizaban pruebas obtenidas mediante Hemisphere, la policía debía recrearlas mediante una citación judicial tradicional, un proceso que llamaban “construcción paralela”. Nosotros lo llamamos “lavado de pruebas”.
Del mismo modo, policías y fiscales han recurrido a medidas drásticas para ocultar al público y a los tribunales su uso de simuladores de antenas de telefonía celular, también conocidos como stingrays. La policía ha usado estos dispositivos, que engañan a los teléfonos celulares para que se conecten a ellos en lugar de a las antenas de telefonía y así tratar de localizar a sospechosos, para obtener datos de ubicación de las personas sin orden judicial, obteniendo con engaños de los tribunales órdenes básicas de registro de llamadas (pen register). Estas órdenes sirven para obtener datos del registro de llamadas, y la policía no necesita demostrar que existe causa probable para conseguir una.
En Baltimore, por ejemplo, un juez concluyó que las fuerzas del orden habían usado una orden estándar de registro de llamadas para ocultar intencionalmente al tribunal su uso de un Stingray, en violación de sus obligaciones legales de divulgación, lo que dio lugar a un fallo histórico de 2015 sobre privacidad según el cual la policía necesita una orden judicial para usar el dispositivo.
Sin embargo, eso no impidió que la policía siguiera intentando engañar a los tribunales y a los abogados defensores cuando usaba stingrays. Los fiscales han aceptado acuerdos de culpabilidad para ocultar su uso de simuladores de antenas y hasta han retirado casos antes que revelar información sobre el uso de esta tecnología. Los Alguaciles Federales de EE. UU. (U.S. Marshals) han trasladado expedientes cientos de millas para frustrar solicitudes de registros públicos.
Afortunadamente, nuestro compromiso de arrojar luz sobre el uso de tecnología de vigilancia es tan firme, o más, que el empeño de las fuerzas del orden por ocultarlo. Trabajamos con defensores de la privacidad y grupos comunitarios para generar conciencia sobre las herramientas de espionaje, existentes y emergentes, que amenazan las libertades civiles, y animamos a las autoridades y a los legisladores a hacer más para frenar la vigilancia masiva sin orden judicial y detenerla antes de que se arraigue.
Si tienes curiosidad por saber si tu policía local tiene contratos para ALPR u otras tecnologías de vigilancia, puedes buscar en el Atlas of Surveillance de la EFF.
