La decisión de San Francisco de mantener el uso de cámaras de vigilancia con lectores automáticos de placas vehiculares (ALPR) contradice lo que sabemos sobre esta tecnología de espionaje: pone en peligro a los residentes y amenaza la privacidad y las libertades civiles de nuestra comunidad. A juzgar por el comunicado de prensa y el anuncio de la ciudad, esta política no hará nada por detener los daños reales.
Sabemos que conductores inocentes serán detenidos e intimidados por agentes a causa de coincidencias erróneas. Sabemos que los agentes usan Flock para acechar a posibles parejas sentimentales y a exparejas. Los datos serán consultados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y utilizados para deportar a personas inmigrantes. Prometer sanciones más severas para este tipo de abusos no los hará desaparecer. No se trata de errores aislados que otra política pueda corregir. Son consecuencias de construir un sistema que registra los movimientos de todas las personas y los hace consultables por la policía. Tampoco es un problema exclusivo de un solo proveedor. Desde Flock Safety hasta Motorola o Axon, San Francisco debe poner fin al uso de los ALPR.
En última instancia, no podemos confiar en nuevos protocolos de los funcionarios de la ciudad, y la nueva política municipal es lamentablemente insuficiente. No exige una orden judicial para consultar los datos almacenados de los ALPR. Un número de incidente o de despacho asistido por computadora (CAD) no es una autorización judicial. Sin el requisito de una orden judicial, los agentes pueden consultar los datos de ubicación almacenados sin demostrar ante un juez que existe causa probable, y lo harán. Sin control judicial, los agentes seguirán consultando los datos por motivos abusivos. Pero un requisito de orden judicial, por sí solo, no justificaría mantener la red de ALPR: la comunidad exige que se ponga fin a la recopilación misma.
Además, las políticas anunciadas no fijan ningún plazo para eliminar los datos de los ALPR; solo establecen un plazo de 30 días para trasladar los datos de los servidores del proveedor a los de la ciudad. Los funcionarios municipales deben entender que trasladar los datos no es eliminarlos. Ya sea que los almacene Flock o el SFPD, siguen siendo un registro permanente de dónde las personas conducen, rezan, trabajan, se organizan, buscan atención médica y pasan tiempo con otras personas. Por eso, la mejor práctica es eliminarlos. New Hampshire exige borrarlos en tres minutos, y la propia Flock ha reducido a siete días el plazo de retención predeterminado. San Francisco puede y debe hacerlo mejor.
Por último, aunque la transparencia y la documentación son conceptos importantes, mejores registros de auditoría no son la solución. Solo pueden dejar al descubierto un abuso después de que ya se realizó una búsqueda. No pueden deshacer la divulgación de los movimientos de una persona ni justificar que se recopilen los datos de ubicación de todos en primer lugar, sobre todo cuando hablamos de la vida y las libertades civiles de las personas. La política anunciada por la ciudad ni siquiera exige que los agentes expliquen con sus propias palabras por qué consultan los datos almacenados de los ALPR, una regla de rendición de cuentas que ha dejado al descubierto búsquedas abusivas en todo el país.
San Francisco va a la zaga de muchas comunidades que sopesaron los pros y los contras de la vigilancia con ALPR y tomaron la decisión correcta al poner fin a sus contratos. San Francisco debe hacer lo mismo.
