En los últimos días, dos importantes acciones estatales han asestado un duro golpe a las redes de lectores automáticos de placas vehiculares (ALPR). Es la prueba más reciente de la creciente ola de oposición pública a la vigilancia masiva. Tras años de exitosas batallas de base para retirar estas cámaras de las calles locales, un impulso bipartidista recorre el país.
El 28 de agosto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, prohibió a las agencias estatales gastar fondos públicos en cámaras de Flock. La orden se conoció justo cuando The Texas Tribune se disponía a publicar una investigación que revelaba que una agencia estatal había canalizado discretamente al menos 30 millones de dólares para construir una extensa red de vigilancia.
Luego, el 31 de agosto, el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) emitió un memorando, anunciado por el gobernador Ron DeSantis, que ordena retirar en un plazo de 30 días todos los ALPR instalados en el derecho de vía de las carreteras estatales. La orden revoca todos los permisos de instalación de ALPR aprobados con anterioridad e impide que los funcionarios de transporte emitan nuevos permisos.
Funcionarios del FDOT afirmaron que “el reciente aumento exponencial de instalaciones a lo largo de nuestras carreteras, sumado a preocupantes informes de uso indebido, inquietudes sobre la privacidad de los datos y esquemas de vigilancia, amerita una acción inmediata para preservar la soberanía y la calidad de vida de los habitantes de Florida”. A la medida del FDOT ha seguido una oleada de gobiernos locales de Florida que cancelan o pausan sus contratos con proveedores.
Aún queda mucho por hacer. Muchos ALPR en Florida no están en carreteras estatales, sino en calles de las ciudades, caminos de los condados, entradas de viviendas y estacionamientos de centros comerciales, y la orden del FDOT no toca ninguno de ellos. Asimismo, la directiva de Texas deja a las agencias locales en libertad de usar fondos municipales, del condado, federales y privados para instalar cámaras.
Las buenas noticias de esta semana llegan tras años de resistencia de defensores locales que han logrado que decenas de ciudades rompan lazos con empresas de vigilancia. Según algunas mediciones, en los últimos 30 días un promedio de tres localidades por día ha suspendido sus contratos con Flock. Otros defensores han resistido los ALPR en los congresos estatales y en los juzgados y tribunales, y haciendo denuncias mediante el activismo de investigación.
Las medidas de Florida y Texas también ilustran el poder que el poder ejecutivo puede ejercer para frenar la vigilancia masiva con resultados casi inmediatos. Esperamos que el gobernador de California, Gavin Newsom, y el Departamento de Transporte de California tomen nota e inicien acciones para frenar esta tecnología, comenzando por retirar los ALPR que la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y la Administración para el Control de Drogas (DEA) han instalado en las carreteras de California.
La postura de la EFF sigue siendo la misma: la vigilancia masiva con ALPR (la recopilación y retención indiscriminada y continua de datos de ubicación de todos los conductores, sin importar si existe sospecha) no debería existir. Las acciones de la semana pasada en Texas y Florida son buenos pasos adelante, pero aún estamos lejos de la meta. Seguiremos trabajando junto a grupos comunitarios para mantener las cámaras fuera de las calles locales, al tiempo que instamos a jueces y legisladores estatales a imponer límites exigibles a esta vigilancia masiva sin orden judicial.
