Los lectores automatizados de placas (ALPR, por sus siglas en inglés) construyen un mapa consultable de todos los lugares por donde circula una persona al volante, y lo alimentan a bases de datos que la policía, ICE y proveedores privados pueden consultar después de los hechos. Conectados en red a lo largo de una ciudad, los ALPR están diseñados específicamente para rastrear a todo el mundo, sin importar si existe o no sospecha alguna. Los ALPR no son una herramienta de vigilancia que pueda volverse segura con la política adecuada o una actualización de funciones: son irremediablemente dañinos.

La postura de la EFF es que la vigilancia masiva mediante ALPR —la recolección y retención indiscriminada y continua de datos de ubicación de todas las personas que conducen, sin importar si existe sospecha alguna— no debería existir. Pero como existe de todos modos, la EFF también insta a los tribunales y a las legislaturas estatales a imponer restricciones estrictas y exigibles, como la obligación de contar con una orden judicial y plazos de eliminación de datos.

La postura de la EFF es que la vigilancia masiva mediante ALPR —la recolección y retención indiscriminada y continua de datos de ubicación de todas las personas que conducen, sin importar si existe sospecha alguna— no debería existir. Pero como existe de todos modos, la EFF también insta a los tribunales y a las legislaturas estatales a imponer restricciones estrictas y exigibles, como la obligación de contar con una orden judicial y plazos de eliminación de datos. La EFF aplica todas las herramientas a su alcance para eliminar la vigilancia con ALPR y el daño que provoca.

Los argumentos contra los ALPR

Una nota sobre el alcance: este artículo aborda la vigilancia masiva mediante ALPR. No aborda el universo más amplio de la fiscalización automatizada del tránsito (ATE), como las cámaras convencionales de semáforo en rojo y de exceso de velocidad, que únicamente multan una infracción específica, sin retener ni conectar en red los datos de conductores ajenos al hecho. Pero quienes legislan y quienes compran estos sistemas deben estar alertas ante los intentos de los proveedores de aprovechar los contratos de ATE para colocar en el mercado sistemas de vigilancia masiva con ALPR.

Los ALPR suelen promocionarse como una herramienta acotada para fines específicos, como la recuperación de vehículos robados. Pero, en la práctica, estos sensores capturan datos de todas las personas que pasan frente a una cámara y los almacenan en bases de datos consultables. Esa recolección y retención indiscriminada es precisamente lo que permite que los sistemas de vigilancia alimentados por ALPR se conviertan fácilmente en un arma contra migrantes, disidentes políticos y otras comunidades en la mira, mientras ICE y otras agencias federales intensifican su ofensiva contra las libertades civiles. No existe una configuración de una red de ALPR que elimine ese riesgo, porque el riesgo es la vigilancia masiva en sí misma, no un mal uso de ella.

Por supuesto, los ALPR provocan otros daños previsibles. Una y otra vez, personas inocentes son detenidas y amedrentadas por la policía a causa de errores de los ALPR. Es habitual que agentes abusen de estos sistemas para acosar a exparejas o a posibles parejas. Crear cualquier base de datos con información personal —incluidas las bases de vigilancia con ALPR— genera de por sí un riesgo de robo de datos y el consiguiente daño a las personas titulares de esos datos. Y la vigilancia de protestas con ALPR y la persecución de activistas inhiben la participación en la disidencia protegida por la Primera Enmienda. Pero incluso si todos estos daños derivados pudieran evitarse (y lo más probable es que no puedan), los ALPR seguirían siendo una forma intolerable de vigilancia masiva.

Pelear en todos los frentes para eliminar la vigilancia con ALPR

A nivel municipal, la EFF trabaja con integrantes de la comunidad y con quienes toman decisiones para rechazar de plano la compra de ALPR. Los ALPR no son inevitables. Los mismos mecanismos de decisión que sirvieron para facilitar la compra desbocada de tecnología de vigilancia en las localidades de Estados Unidos pueden usarse en contra de estos sistemas para desmantelarlos.

La EFF también presiona a las legislaturas estatales para que establezcan límites estatales estrictos a la vigilancia con ALPR, como reglas de eliminación de datos y restricciones de uso. Incorporar esas limitaciones a la ley puede mitigar los daños de los sistemas de ALPR que ya están en funcionamiento.

En tribunales de todo el país, la EFF presenta escritos de amicus curiae en los que sostiene que las búsquedas policiales sin orden judicial en bases de datos de ALPR violan la Cuarta Enmienda. Ante los tribunales estatales de California, la EFF y la ACLU del Norte de California litigan en representación de dos organizaciones comunitarias, SIREN y CAIR-CA, con el argumento de que la práctica del Departamento de Policía de San José de permitir que sus agentes consulten datos de placas almacenados —más de 100,000 veces al año— sin una orden judicial viola la Constitución de California. También hemos demandado para impedir que las fuerzas del orden de California compartan datos de ALPR con agencias federales y de otros estados, en violación de una ley de California.

Una parte importante del trabajo de la EFF consiste en exponer los daños de la vigilancia con ALPR. Nuestro equipo de investigación recopila incansablemente información sobre cómo usan los ALPR las fuerzas del orden mediante solicitudes de acceso a la información pública, demanda para hacer valer esas solicitudes y publica informes al respecto. Además, logramos impulsar una investigación de la Auditoría del Estado sobre el uso de ALPR por parte de las fuerzas del orden.

Acción coordinada contra la vigilancia masiva

La EFF practica una incidencia integrada porque todas estas herramientas funcionan mejor en conjunto. Los rechazos municipales, las restricciones legislativas estatales, el litigio de impacto y el activismo de investigación son distintas palancas que la EFF acciona con un mismo fin: eliminar la vigilancia con ALPR y construir el poder público duradero que hace falta para mantenerla fuera de nuestras calles. El voto de un concejo contra un contrato con Flock y un alegato sobre órdenes judiciales ante el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara son, en el fondo, la misma pelea: rechazar de raíz la infraestructura de vigilancia masiva y usar todos los espacios disponibles para eliminar su presencia dañina y sus consecuencias.