En un nuevo golpe contra las garantías legales de Ola Bini, las autoridades ecuatorianas retuvieron ayer en Quito al desarrollador de software libre y experto en seguridad, y ordenaron su deportación inmediata del país. Tiene prohibido volver a Ecuador durante 10 años. 

Según la información publicada por su abogado, a Bini lo interceptó un coche con cuatro personas que se identificaron como agentes de inmigración. Luego lo llevaron a una oficina de inmigración sin más información ni una orden formal de una autoridad competente. Allí, los funcionarios le dijeron a Bini que le habían revocado la visa, pero no le mostraron ningún documento que lo respaldara.  

La defensa de Bini presentó un habeas corpus para proteger su libertad y evitar su deportación. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas afirmaron que el desarrollador representa una amenaza o un riesgo para la seguridad pública y la estructura del Estado, y que debe abandonar el país. El motivo de la deportación es un informe secreto que, según se alega, afirma que Bini cometió actos contra la seguridad de Ecuador. La defensa no pudo acceder a su contenido.  

La audiencia de deportación comenzó ayer a las 17:00, hora de Quito. Las organizaciones de derechos humanos intentaron asistir, pero se les denegó la entrada. La audiencia se suspendió, pero luego se reanudó y se dictó su deportación inmediata. Ola Bini fue trasladado al aeropuerto de Quito, donde debe permanecer hasta que vuelva a Suecia. 

El caso que llevó a la condena penal infundada de Bini ha prescrito (el plazo de prescripción venció) y el tribunal ya había levantado formalmente todas las medidas cautelares en su contra. Los hechos de ayer abren un nuevo capítulo en la infame persecución de Ola Bini por parte de las autoridades ecuatorianas.  

Desde la detención arbitraria de Bini en 2019, EFF ha informado sobre su proceso penal, plagado de ideas erróneas y violaciones de derechos. El guion de lo ocurrido ayer sigue los mismos patrones que hemos visto a lo largo de todo el caso, desde sus inicios, con acusaciones injustificadas de que Bini era un riesgo para la seguridad nacional. La Misión de Observación del caso de Ola Bini, a la que se han sumado EFF y otras organizaciones de derechos digitales y humanos, ha publicado informes y ha generado conciencia internacional sobre los peligros que este caso supone para la protección de los derechos en línea y para la valiosa labor de los expertos en seguridad.  

En un caso rodeado de intereses políticos, la absolución unánime de Ola Bini por el tribunal de primera instancia en 2023 fue revocada tras la apelación de la fiscalía. La mayoría del tribunal de apelación condenó a Bini por intento de acceso no autorizado a un sistema de telecomunicaciones sin pruebas concretas que corroboren las acusaciones.  

Ahora, una vez más, debemos dar la voz de alarma. Las autoridades ecuatorianas deben explicar las acusaciones contra el experto en seguridad. Seguiremos vigilantes y nos aseguraremos de que, al menos esta vez, se respeten sus derechos.