En un fallo sumamente decepcionante, un tribunal de primera instancia de California desestimó SIREN v. San Jose, nuestro caso contra las búsquedas sin orden judicial que la ciudad de San José realiza en sus enormes bases de datos de lectores automáticos de placas (ALPR, por sus siglas en inglés). En este caso, EFF y la ACLU del Norte de California representan a SIREN y a CAIR California, dos organizaciones sin fines de lucro que atienden a residentes de San José.

Que quede claro: creemos que este fallo es jurídicamente erróneo y vamos a apelar. La decisión ignora la importancia de fallos históricos de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre lo invasivo que resulta acumular durante un tiempo prolongado los datos recopilados sobre una persona, incluido uno emitido hace apenas unos meses. Además, subestima gravemente el daño que causan los ALPR, en San José y en todo el país. 

Es imposible escapar del sistema de vigilancia con ALPR de San José. Cubre las calles de la ciudad con casi quinientas cámaras que fotografían de forma continua cada auto que pasa y conservan los datos recopilados durante un mes o más. En nuestros escritos, argumentamos que los agentes de policía que buscan sin orden judicial en la base de datos resultante violan la prohibición de registros irrazonables y la garantía de privacidad de la Constitución de California. El tribunal no estuvo de acuerdo y explicó que, con base en un caso de un tribunal de apelaciones de California sobre cámaras individuales instaladas en postes de alumbrado, las personas no tienen una expectativa razonable de privacidad cuando conducen por una vía pública. Esto es un error. Los ALPR conectados en red no son cámaras individuales en postes de alumbrado. Su efecto conjunto, que consiste en rastrear y mapear los autos mientras se desplazan, revela patrones de vida, relaciones íntimas y mucho más.

Por suerte, hay señales de que la marea está cambiando en contra de los ALPR en los tribunales. Apenas un día antes del fallo en nuestro caso, un tribunal federal de distrito de Oklahoma calificó a los ALPR como “un tipo de vigilancia masiva indiscriminada” y determinó que la búsqueda sin orden judicial de datos de ALPR por parte de un agente de policía violó la Cuarta Enmienda. El agente estaba vigilando el tránsito en una autopista de Oklahoma cuando vio a una mujer que conducía un auto con placas de California. Según la orden del tribunal, el agente empezó a seguir a la mujer “sin ninguna razón aparente” más allá de sus placas de otro estado. Mientras la seguía, el agente decidió buscar el número de placa de la mujer en el sistema de ALPR de Flock, una vez más, sin ninguna razón aparente más allá de sus placas de California. La búsqueda en Flock arrojó al menos 30 días de datos, lo que le permitió al agente rastrear el auto a través de al menos tres estados, a lo largo de un mes, con una sola búsqueda.

Los hechos de este caso demuestran cómo los ALPR permiten a la policía obtener una cantidad abrumadora de información sobre un auto (y sobre quien lo conduce) con el mismo esfuerzo que una búsqueda en Google. Es cierto que, cuando una persona conduce por vías públicas, puede ser observada, incluso por la policía. Pero, como ha explicado la Corte Suprema, no esperamos que la policía pueda rastrear y almacenar en secreto cada movimiento de nuestros autos mientras conducimos. El tribunal federal del caso de Oklahoma ilustró muy bien esta diferencia en las expectativas sociales:

Podríamos razonablemente esperar que nuestros amigos y familiares nos digan algo como: “Oye, te vi pasar en el auto por la tienda la semana pasada”. Pero no esperamos que personas que conocemos —y mucho menos desconocidos, y menos aún la policía— se nos acerquen de repente para decirnos: “Oye, he estado siguiendo tu auto durante los últimos 30 días, y aquí tienes un registro detallado de cada lugar donde ha estado tu vehículo, con fotografías como prueba. También voy a compartir esta información con la policía de todo el país para que ellos también sepan dónde estás”.

Esta decisión es la primera de su tipo, y EFF seguirá trabajando para que sea la primera de muchas. Fuera de los tribunales, hemos visto a personas de todo el país movilizarse para rechazar los ALPR a nivel estatal y local. EFF también seguirá enfrentando esta tecnología en todos los frentes.

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