La EFF, Access Now y Data Privacy Brasil han presentado unas recomendaciones para garantizar unas salvaguardias sólidas en materia de privacidad y protección de datos en el contexto de las elecciones brasileñas. Las recomendaciones destacan la estrecha relación que existe entre las violaciones de la privacidad de los datos y los retos a la integridad electoral. Inciden en cómo las garantías de protección de datos son un instrumento clave para frenar la difusión selectiva de contenido falso o engañoso, entre otras estrategias problemáticas que emplean los actores políticos con el apoyo de tecnologías digitales, como los sistemas de inteligencia artificial.

Las recomendaciones forman parte de una iniciativa regional más amplia y se basan en las garantías legales e institucionales que ya existen en Brasil. Su objetivo es promover una mayor coordinación entre las instituciones de control, la sociedad civil y las plataformas digitales, así como fomentar una aplicación sólida de las normas de privacidad de datos como motores de la integridad electoral. Lee el documento completo a continuación.

La relación entre la integridad del proceso electoral y la privacidad 

La protección de la integridad del proceso electoral ante el uso de internet y las redes sociales representa un desafío que muchas personas responsables de la elaboración de políticas están abordando o están dispuestas a abordar. En internet, los contenidos que pueden afectar la integridad del proceso electoral son cada vez más personalizados. Este fenómeno es tan preocupante que fue identificado como uno de los principales riesgos globales en el corto y mediano plazo.

En tiempos de la IA generativa, donde el costo económico y la dificultad técnica que supone la producción y difusión de contenido falso o sintético para engañar, manipular o simular autenticidad se han reducido considerablemente, la preocupación por la integridad del proceso electoral se intensifica. Mientras tanto, la privacidad online y la protección de los datos personales son una agenda inconclusa en América Latina. 

Existe una conexión intrínseca entre la capacidad de recolectar y procesar grandes cantidades de datos personales y la forma en la que se crea y divulga contenido falso o manipulativo en redes sociales y aplicaciones de mensajería en lo particular  y en internet en lo general. Por esta razón, la aplicación de leyes y políticas rigurosas  en materia de protección de datos personales y privacidad permiten reducir el impacto que tiene este tipo de contenido. Esto es especialmente importante en contextos electorales, donde la difusión de este tipo de contenidos impacta y empobrece el debate público, afectando de forma directa los derechos políticos y electorales y la integridad del proceso electoral.

El fenómeno de la desinformación es anterior al surgimiento de internet.. No obstante, es gracias al surgimiento de las nuevas tecnologías que se amplía la generación y propagación de contenidos falsos y manipulativos. Esto se apoya en el propio modelo económico que sustenta a las plataformas escalando su efectividad y alcance. Por un lado, las redes sociales poseen algoritmos de recomendación de contenidos que utilizan  datos personales para generar perfiles a los que luego pueden presentar contenidos publicitarios segmentados, incluyendo propaganda explícitamente política. Esta técnica se conoce como “microtargeting” o “microsegmentación”.

El microtargeting político busca impactar directa o indirectamente en la democracia. Se utiliza para convencer a las personas votantes, incentivar o desincentivar la participación en las urnas o para recaudar fondos con información deliberadamente sacada de contexto, inexacta o errónea. 

El control que ejercen estas compañías plantea serias preocupaciones sobre los derechos de las personas. Al tener acceso a cantidades masivas de información personal, estas empresas tienen la capacidad de moldear el contenido que los usuarios ven e interactúan. A través de la construcción de  perfiles que pueden revelar hábitos, relaciones sociales, preferencias políticas y opiniones, por mencionar algunos ejemplos. Los datos personales son hoy el combustible que potencia los riesgos para la integridad electoral, ya sea que hayan sido provistos por el propio usuario o generados por las plataformas a partir de sus interacciones en internet.

Para los actores de la desinformación, el acceso a herramientas sofisticadas, como las utilizadas para crear “deepfakes” mediante IA generativa o “bots” programados para manipular contenido buscando manipular la opinión pública, potencia la efectividad en cuanto a la calidad y la escalabilidad de este microtargeting, dificultando su detección como contenido falso o manipulativo. Desde Avatares generados por IA y personajes sintéticos que simulan ser electores, pasando por influencers, comentaristas o líderes populares que pueden parecer espontáneos, hasta reproducir las voces de actores políticos de manera artificial y dificultar la identificación por parte de las personas usuarias si determinada manifestación pública fue creada o mediada por tecnología.

En este contexto, la promoción de contenidos con nanosegmentación busca alcanzar perfiles cada vez más específicos con contenidos personalizados y herramientas basadas en IA son utilizadas para evaluar y mapear su impacto en las redes. A partir de datos personales de grupos de electores, se crean perfiles de “electores sintéticos” para probar mensajes o estrategias buscando la manera más eficiente de influir en electores reales.

Esta rápida propagación de la IA y la hiperpersonalización con datos puede llevar a un problema de  “erosión epistemológica” para las sociedades democráticas, tal como lo señaló el Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial de la ONU en 2026.

Desde Access Now, Data Privacy Brasil y Electronic Frontier Foundation señalamos la aplicación de leyes de protección de datos personales y políticas públicas de privacidad como un mecanismo eficiente para mejorar la calidad de nuestras democracias y reducir la manipulación del discurso público en entornos digitales y su impacto en contextos electorales. La ampliación del acceso a información de calidad para la toma de decisiones electorales y la transparencia sobre el uso, por parte de las campañas electorales y los partidos políticos, de tecnologías digitales basadas en el tratamiento masivo de datos personales también cumplen un papel relevante en la garantía de la integridad del proceso electoral.

Recomendaciones para garantizar la integridad de los procesos electorales en Brasil frente a las nuevas tecnologías

La preocupación por los efectos de la diseminación de contenidos falsos, manipuladores o deliberadamente descontextualizados se acentúa particularmente en contextos electorales. Desde Argentina hasta México, pasando por Brasil, muchos países de América Latina tienen y tendrán procesos electorales relevantes.

Brindar a la ciudadanía información de calidad y de diferentes fuentes es un elemento esencial para el ejercicio de los derechos políticos. Con el fin de resguardar el proceso electoral, estos países deben hacer valer sus leyes de privacidad y de protección de datos personales a través de sus autoridades competentes, en sintonía con sus poderes judiciales y tribunales electorales.

Access Now, Data Privacy Brasil y Electronic Frontier Foundation proponen las siguientes recomendaciones para proteger la integridad del proceso electoral a partir de la garantía de la privacidad y la protección de datos durante los contextos electorales:

1. Potenciar las garantías y políticas de protección de datos personales como elemento clave para la integridad del proceso electoral, en particular los principios de necesidad, finalidad y proporcionalidad:

• Prohibir el tratamiento de datos personales sensibles (como creencias filosóficas y el etiquetado de orientaciones ideológicas), incluidos los inferidos, que revelen o puedan revelar la preferencia política de las personas con fines de segmentación de contenido político. En contextos electorales, el tratamiento de datos personales sensibles sólo es legítimo cuando la persona haya dado su consentimiento de forma previa, explícita y con propósitos de uso y transferencias estrictamente limitados y claramente informados.
• El tratamiento debe realizarse únicamente sobre los datos personales estrictamente necesarios para la finalidad que se persigue.
• Prohibir agregar personas usuarias a grupos de mensajería instantánea con fines de difusión política, salvo en casos excepcionales en listas de miembros de partidos políticos o contando con el consentimiento previo e informado por parte del titular.
• El consentimiento libre, específico e informado implica que la persona sea capaz de tomar una decisión real, diferenciada de las demás, y no corra ningún riesgo de engaño, intimidación, coacción, negación de acceso a productos o servicios u otras consecuencias negativas significativas en caso de no dar su consentimiento.

2. Los partidos políticos, federaciones y coaliciones deben mejorar la puesta a disposición de información al público en general sobre sus actividades de tratamiento de datos personales en contexto electoral, incluyendo:

• La política de tratamiento de datos personales adoptada, en cumplimiento de la legislación de protección de datos y de la legislación electoral, incluidas las medidas adoptadas para prevenir el incumplimiento de los principios generales de protección, para registrar las operaciones de tratamiento de datos personales, para obtener el consentimiento de forma adecuada y para garantizar la seguridad técnica y administrativa en el tratamiento de datos;
• Canales de comunicación en los que el titular de los datos pueda obtener información sobre el tratamiento de sus datos personales, ejercer los derechos previstos en la ley y solicitar la baja en la recepción de mensajes electrónicos e instantáneos;
• Información sobre el perfilamiento que realizan con fines electorales y sobre la contratación y utilización de tecnologías digitales basadas en datos en este contexto, incluyendo con fines de publicidad  paga, microtargeting, análisis de redes y de predicción de la reacción o del comportamiento de los electores.

3. Fortalecer los mecanismos de cooperación entre Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) y el Tribunal Superior Electoral para:

• Mejorar los canales de comunicación y robustecer las iniciativas conjuntas para la supervisión del cumplimiento de las garantías asociadas a la protección de datos en el contexto electoral, con la publicación de informes periódicos de fiscalización. 
• Identificar y desarticular estrategias coordinadas que comprometen la integridad del proceso electoral y que realizan  actividades en línea que simulan ser “orgánicas” y de base ciudadana cuando en realidad están financiadas o coordinadas por un partido, gobierno o empresa, como son las granjas de bots, cuentas personales falsas gestionadas por una entidad, avatares de IA y creación de persoas usuarias  sintéticas que simulan ser electores reales con fines de manipulación de la opinión pública, entre otras.
• En el ámbito de sus competencias, determinar la elaboración y divulgación de un informe de impacto en la protección de datos personales en los casos de uso de datos personales sensibles o de tecnologías emergentes para el perfilamiento de personas electoras.

4. Las autoridades, partidos políticos, comunicadores y plataformas de redes sociales deberán garantizar, en la medida de lo posible, que la población tenga acceso a información adecuada y relevante para la toma de decisiones electorales.

• Los partidos políticos, las autoridades electorales y las autoridades de protección de datos deberán destinar un porcentaje de su presupuesto en comunicación para alertar sobre las consecuencias del microtargeting en contextos electorales y sobre el uso de avatares de IA o electores sintéticos para simular apoyo, rechazo, indignación o movilización política espontánea.
• Reforzar alianzas con los verificadores de datos y otros comunicadores relevantes, como organizaciones de la sociedad civil, influencers y otros, para identificar campañas que comprometan la integridad del proceso electoral y comunicar a la población sobre dichas campañas  por diferentes canales, incluidos los canales oficiales del poder público.
• Sistematizar las propuestas electorales desarrolladas por los candidatos y sus plataformas electorales según ejes temáticos para facilitar la comparación entre partidos políticos.
• Acordar estrategias entre autoridades y empresas de plataformas en línea, incluidas las redes sociales y los chatbots, al inicio de los periodos electorales, para que se dé prioridad al contenido desarrollado por las autoridades electorales.
• Toda instancia, protocolo o política que se cree y que involucre a autoridades o entes públicos debe ser comunicada siguiendo los estándares de la transparencia activa.

5. Las plataformas deberán deshabilitar las herramientas de microtargeting para contenido político electoral durante periodos previamente establecidos.

6. Las autoridades, actores técnicos, académicos, la sociedad civil y/o las plataformas de redes sociales deberán colaborar en la creación de un laboratorio de análisis de impacto algorítmico que permita supervisar el cumplimiento de estas recomendaciones, el cual deberá:

• Elaborar informes sobre los resultados alcanzados, en especial aquellos que den cuenta de la existencia de microtargeting, de la utilización de datos personales para segmentación, y de la exposición a contenido variado en contextos electorales.
• Establecer protocolos estrictos de ciberseguridad para que los laboratorios impidan el acceso a la información privada de las personas usuarias reales.

7. Las autoridades responsables de supervisar la protección de datos personales y en materia electoral deben contar con autonomía e independencia funcional, económica y técnica suficientes para garantizar el adecuado ejercicio de sus competencias.