Skip to main content

Ley Stalker, o Cómo El Gobierno Legalizó La Vigilancia Masiva a Peruanos Inocentes

DEEPLINKS BLOG
August 2, 2015

Ley Stalker, o Cómo El Gobierno Legalizó La Vigilancia Masiva a Peruanos Inocentes

Los ciudadanos y ciudadanas del Perú entienden los peligros de la vigilancia omnipresente. El ex jefe de espionaje Vladimiro Montesinos, está cumpliendo una larga condena por corrupción y violaciones a los derechos humanos, ya que en el año 2000, autoridades locales incautaron unas 2.400 cintas hechas por Montesinos, con las que manipulaba a los oponentes políticos y a periodistas que grabó en vídeo, un escándalo conocido como los “Vladivideos”. Es por ello que muchos en aquel país entienden los peligros de un Estado con vigilancia generalizada.

La semana pasada, el Presidente de Perú Ollanta Humala firmó un Decreto Legislativo que permite a la policía acceder, en casos de flagrancia, a los datos de localización de cualquier teléfono móvil sin orden judicial previa. En otras palabras, las agencias del orden público peruanas ya no necesitan una autorización judicial que les permita acceder en tiempo real a los datos de localización. El Decreto también obliga a las proveedoras de internet locales y compañías de telefonía a retener los detalles de comunicaciones y ubicación de todos los ciudadanos peruanos por un periodo de tres (3) años. Los datos almacenados pueden ser accesibles a las autoridades policiales con una orden judicial para su uso a futuro.

Para hacerlo sencillo, con el nuevo Decreto, el gobierno del Perú ha cambiado de la vigilancia de los registros de comunicaciones basada en la sospecha individualizada, al registro masivo de comunicaciones para la vigilancia de personas comunes sin sospecha. No es de extrañar que los peruanos y peruanas han apodado al Decreto como la #LeyStalker, proveniente del término “acosador” en idioma inglés, que describe a una persona que utiliza la tecnología para espiar los movimientos en línea de otro, paso por paso.

Miguel Morachimo, Director de la ONG Hiperderecho de Perú, un aliado de EFF que ha analizado el contenido de la ley, nos comentó:

El Decreto Legislativo es problemático por lo que dice y también por lo que significa. Menciona que los metadatos de las comunicaciones no tienen protección a la privacidad alguna, y que deben ser masivamente retenidos. Ello constituye un gobierno que está tomando pasos dispuestos a debilitar las libertades que hemos recuperado en la última década. No debemos volver al pasado, asegurándonos que el imperio de la ley siga siendo la base de nuestra democracia en la era digital.

En efecto, el recuerdo de la corrupción y el espionaje ilegal de Montesinos sigue vigente en el Perú, tal es así que incluso el Ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe, en un intentó de calmar a la población, declaró públicamente que el Decreto de la Ley Stalker se distancia de las prácticas cometidas por el ex jefe de Inteligencia, pero sus palabras no hicieron mucho para que los usuarios de Internet expresen sus preocupaciones en línea sobre el Decreto Legislativo.

Movilización en Línea

Entre los usuarios de Twitter en Perú, #LeyStalker se convirtió de inmediato en tema popular (trending topic). El periodista e influyente blogger Marco Sifuentes explicó a EFF a través de un correo electrónico:

Gracias al movimiento en Twitter, Ley Stalker se convirtió de inmediato en trending topic, y luego pasó a la agenda nacional para llegar a las páginas de los principales periódicos. Perú tiene una tradición de derogar leyes abusivas cuando son peleadas principalmente desde las redes sociales, porque los políticos peruanos y los medios prestan mucha atención al activismo en línea. Esta vez no fue la excepción.

La sociedad civil tampoco ha quedado solitaria en criticar a la Ley Stalker. En una entrevista hecha por RPP y levantada por El Comercio, el principal periódico del país, Juan Luis Cipriani, el conservador Cardenal de Lima, expresó preocupaciones sobre la ley. El religioso dijo “está muy bien que pongas todos los medios para tratar de controlar de dónde vino [una llamada de extorsión o chantaje]”, pero que existe un hecho difícil de olvidar “de que haya una intervención de las comunicaciones”.

Tras estas declaraciones, el ex ministro del Interior del Perú Daniel Urresti criticó al sacerdote Cipriani al expresar que “es un cura y no un ingeniero de telecomunicaciones”, y agregó:

“Yo lo recibí (al entonces proyecto) y la suerte es que mi especialidad es son las Telecomunicaciones y por eso es que también lo impulsé. Aquellos que tienen temor a esta norma, es porque desconocen la parte técnica”, según Urresti a Radio Exitosa.

Lo Digital es Diferente. Los Metadatos Importan

Tal vez el ex Ministro Urresti, como experto en telecomunicaciones, debería explicar a la opinión pública cuan sensible es la información que las compañías de telecomunicaciones peruanas están obligadas a retener por tres años. Los datos de geolocalización pintan un retrato viviente de cuándo y dónde una persona va, incluso cuando está en su casa o ha pasado la noche en otro lugar y con quién. Dada la omnipresencia de los teléfonos celulares y el hecho que de las personas lo llevan consigo a cualquier parte, esa información puede ser más reveladora que los datos del GPS especialmente si se almacenan por largos periodos de tiempo.

(Más aquí acerca de cómo los gobiernos pueden espiar tu teléfono)

Debió haber sido explicado que la Ley Stalker creó por primera vez en la legislación peruana una distinción legal entre metadatos y el contenido de las comunicaciones, y que sólo el contenido es sujeto a protección constitucional. De ahí que la Ley Stalker crea una falsa distinción en el nivel de protección que cada categoría amerita.

Como el resto del mundo se está dando cuenta poco a poco después de Snowden, la creciente abundancia de metadatos, así como las técnicas de agregado y análisis de las mismas, significa que “solo los metadatos” en sí revelan una cantidad devastadora de datos privados de los ciudadanos. La habilidad del gobierno peruano de recopilar metadatos de la población entera en un extenso periodo de tiempo y organizarlo con modernas técnicas de vigilancia, puede reunir fácilmente la viciosa visión que sólo Montesinos pudo haber soñado.

En un estudio hecho por investigadores de Stanford, se descubrió que la información acerca de quién llama a quién puede inferir datos muy sensibles sobre ellos, como el hecho de que han recibido tratamiento médico por alguna condición en participar, que han comprado armas, o hasta que han realizado un aborto, entre otras cosas.

  • Los datos del movimiento de las personas revelan cuestiones religiosas, médicas, sexuales y políticas sensibles; por el tipo de servicios religiosos, reuniones políticas, y especialidades médicas a los que asistieron.
  • Los datos acerca de la proximidad o la falta de proximidad de varias personas entre sí puede revelar quiénes fueron a una protesta, el inicio o el final de una relación amorosa, o la infidelidad conyugal de una persona.

La Erosión de las Fuentes Periodísticas

Las consecuencias de una obligación de retener datos son de largo alcance, pero uno de los resultados particularmente preocupante es la eliminación del derecho de periodistas a proteger la confidencialidad de sus fuentes ante pedidos de evidencia por parte de las autoridades.

En Polonia, los medios reportaron sobre dos importantes casos en los que agencias de inteligencia utilizaron los datos de tráfico y de usuarios para ilegalmente revelar fuentes periodísticas. En Alemania, la compañía Deutsche Telekom utilizó en forma irregular datos de tráfico de telecomunicaciones y datos de ubicación para espiar a unos 60 individuos, entre ellos periodistas, empresarios y líderes sindicales para obtener filtraciones. Y un caso particularmente flagrante en Irlanda, un oficial de policía utilizó los datos almacenados de comunicaciones para espiar las actividades telefónicas de su ex pareja.

La Falsa Sensación de Seguridad

Las leyes nacionales de retención de datos son invasivas, costosas, y dañan el derecho a la privacidad y a la libre expresión. Obligan a las ISPs y las telefonías a crear enormes bases de datos con información de con quién nos comunicamos a través de nuestros teléfonos, la duración de la llamada y la geolocalización del usuario. Los riesgos a la privacidad aumentan cuando estas bases de datos se vuelven vulnerables al robo y a la revelación accidental. Las proveedoras de servicios de telecomunicaciones deben absorber los costos de almacenar y mantener estas vastas bases de datos, frecuentemente trasladando los costos a los consumidores.

Si bien es cierto que en Perú se cometen graves crímenes que merecen atención real de los encargados de políticas públicas, incluyendo la protección a las víctimas de abusos, debemos asegurarnos que las medidas que el gobierno toma para combatir delitos no crean una falsa sensación de seguridad.

Sobre este punto, el abogado experto en telecomunicaciones Abel Revoredo, se mostró de acuerdo que mientras la ley Stalker podría tener objetivos nobles como la lucha contra la delincuencia, los asesinatos, las extorsiones y secuestros, “lo que se está haciendo aquí... es poner en riesgo derechos ciudadanos porque [con la Ley Stalker] no se pueden solucionar problemas burocráticos en la relación entre dos instituciones del Estado, como son el Poder Judicial y la Policía”, sentenció en una entrevista con el videoblogger peruano Luis Carlos Burneo.

Próximos Pasos

Todavía hay tiempo para revocar la ley. En un post, Miguel Morachimo ha explicado que de acuerdo a las normas del Congreso, el Presidente está obligado a notificar al citado poder del Estado de los Decretos Legislativos, y el Congreso es responsable de someter el caso a consideración de una Comisión competente.

Entonces, “la Comisión designada tendrá que presentar un dictamen en el que evalúe su conformidad con la Constitución y el marco de la delegación de facultades otorgado por el Congreso. De encontrar incongruencias, el Reglamento establece que dicha Comisión puede su recomendar su derogación o modificación para subsanar el exceso o la contravención, sin perjuicio de la responsabilidad política de los miembros del Consejo de Ministros”.

Perú no puede estar a su suerte en esta pelea. Cada país que rechaza la retención de datos, desde el continente europeo hasta Paraguay, fortalece los argumentos para rechazarla a escala global. Cada país que es víctima de la retención de datos, desde Australia a Colombia, presiona a otros Estados a adoptarla para sus propias legislaturas. Es una lucha global, una que requiere solidaridad y unión internacional para luchar contra la retención de datos. Los necesitamos. Únete a esta lucha contra la #LeyStaker.
Referencias

Miguel Morachimo: Nueva norma permite a la Policía saber dónde está cualquier persona sin orden judicial.

Abel Revoredo sobre la Ley Stalker: https://www.youtube.com/watch?v=k745w6GNAfs

International Principles on the Application of Human Rights to Communications Surveillance, updated July 2014: https://en.necessaryandproportionate.org/text

EFF, Article 19: Legal Analysis and Background Materials to the International Principles on the Application of Human Rights to Communications Surveillance, May 2014: https://en.necessaryandproportionate.org/LegalAnalysis

El Derecho a la Privacidad en la Era Digital: http://www.ohchr.org/EN/Issues/DigitalAge/Pages/DigitalAgeIndex.aspx

Report of the High Commissioner for Human Rights on the right the privacy in the digital age: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A.HRC.27.37_en.pdf

Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 2013. Annual Report of the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression: http://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/reports/2014_04_22_%20IA_2013_ENG%20_FINALweb.pdf

Human Rights Committee, General Comment 27, Freedom of movement (Art. 12), U.N. Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (1999): http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom27.htm

UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism, A/HRC/13/37UN

Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, A/HRC/23/40

Back to top

JavaScript license information