Varios estados de EE. UU. están presionando para prohibir por completo el acceso de los jóvenes a las redes sociales. Esto marca la última ola de proyectos de ley de censura disfrazados de medidas para la "seguridad en línea de los niños", con estados como Massachusetts, Idaho, Minnesota, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Illinois y el estado natal de la EFF, California, liderando la ofensiva.

Hace apenas unos años, los legisladores que respaldaban las leyes de restricción por edad insistían en que sus esfuerzos se limitaban específicamente a restringir el acceso de los jóvenes a contenido para adultos. En ese momento, advertimos que no se detendrían allí: una vez que el gobierno estableciera la autoridad y construyera la infraestructura para recopilar y "verificar" enormes cantidades de datos de los usuarios, inevitablemente arrastraría categorías cada vez más amplias de discurso legítimo hacia este sistema de vigilancia masiva y censura. 

Por desgracia, nuestras predicciones se cumplieron. A medida que los legisladores de todo el país avanzan con propuestas que bloquearían el acceso de todos los jóvenes a la “plaza pública moderna”, la ventana de Overton se ha desplazado drásticamente hacia la censura masiva, y la velocidad de este cambio debería preocuparnos a todos. 

Esta guía introductoria analiza detalladamente esta peligrosa ola de prohibiciones de redes sociales: cómo funcionan (y por qué no lo hacen), a quiénes perjudican y cómo podemos defendernos. 

Cómo identificar una prohibición de redes sociales

Los detalles de estos proyectos de ley varían según el estado. Algunos (como la AB 1709 de California) constituyen una prohibición total de las redes sociales para todos los jóvenes menores de cierta edad, mientras que otros estados (como Carolina del Sur y Minnesota) permiten el acceso a los usuarios jóvenes que entreguen aún más datos para demostrar un consentimiento paterno verificable. Muchos proyectos de ley también regulan ciertas funciones de las redes sociales, por ejemplo, mediante la configuración de opciones de privacidad por defecto, límites de tiempo o preferencias de notificación para todas las cuentas que no superen la barrera de edad.

En cuanto al mecanismo de restricción de edad en sí, la mayoría de las propuestas se dividen en dos grandes categorías: proyectos de ley de verificación de edad y proyectos de ley de estimación de edad conductual. 

Proyectos de ley de verificación de edad: exigen que los servicios en línea recopilen datos altamente sensibles, como documentos de identidad estatales e información biométrica, de todos los usuarios antes de restringirles o permitirles el acceso. 

Por ejemplo, tomemos la prohibición de redes sociales de California (AB 1709). A partir de enero de 2027, se requerirá que los sistemas operativos recopilen suficiente información de los usuarios para clasificarlos en grupos o "rangos" de edad. Bajo la AB 1709, las aplicaciones de redes sociales usarían luego esa información del rango de edad para bloquear por completo a cualquier persona menor de 16 años, permitiendo supuestamente el ingreso de todos los demás. En contraste, la ley de Florida (HB 3) adopta una vía más agresiva al obligar a las plataformas a verificar la identidad de los usuarios de forma directa, generalmente mediante la contratación de empresas privadas de terceros para realizar los servicios de verificación.

Proyectos de ley de estimación de edad conductual: por otro lado, son una innovación más reciente en estados como Minnesota (HF 1438) y Carolina del Sur (H 4591). Estos proyectos exigen que las plataformas estimen la edad de los usuarios basándose, en gran medida, en los datos que ya recopilan, lo que incluye la edad autodeclarada, la información sobre el comportamiento y el historial y actividad de la cuenta. En la práctica, estas leyes facultan a las empresas tecnológicas para utilizar algoritmos o inteligencia artificial con el fin de analizar nuestro comportamiento en línea y calcular la edad en función de ello. 

Los defensores de los proyectos de ley de estimación de edad conductual afirman que sus propuestas evitan los enormes riesgos de seguridad que conllevan las leyes de verificación de edad obligatoria. Sin embargo, gran parte de los datos que las plataformas de redes sociales nos recopilan "en el curso ordinario de sus operaciones" se obtienen para ofrecerernos anuncios conductuales dirigidos. Si obligamos a las plataformas a utilizar estos datos imperfectos para tomar decisiones más cruciales sobre quién puede acceder a sus servicios, corremos el riesgo de consolidar esas prácticas insidiosas de recopilación de datos. Sin duda, no queremos dar a las empresas de redes sociales más razones para justificar y sostener su dependencia de este modelo de negocio explotador.

Si desea profundizar en estos matices, nuestra guía de terminología aporta más claridad sobre las diferencias técnicas entre los proyectos de ley de verificación de edad y los de estimación de edad. 

A fin de cuentas, se trata de un escenario en el que todos pierden: o bien las plataformas recopilan nuevas formas de nuestros datos más sensibles e inmutables, o desatan su IA y sus algoritmos sobre nuestros datos de comportamiento existentes para adivinar de forma invasiva quiénes somos y qué merecemos ver. Independientemente del método de restricción de edad que elija su estado para ejecutar su prohibición de redes sociales, habrá un gran margen de error, y muchos usuarios verán bloqueado o coartado su acceso al discurso legítimo en línea.

Por qué las prohibiciones de redes sociales son tan peligrosas

Las prohibiciones de redes sociales son inconstitucionales, discriminatorias y están profundamente equivocadas. Refuerzan las estructuras de opresión existentes y carecen de un respaldo generalizado por parte de los jóvenes, cuyas voces están notablemente ausentes de esta conversación. Socavan la toma de decisiones de los padres y reemplazan las soluciones personalizadas a nivel familiar por un paño de lágrimas genérico. Y, en los lugares donde hemos visto que las prohibiciones de redes sociales entran en vigor, los informes iniciales muestran que ni siquiera funcionan. 

Por ejemplo, en Australia, donde rige una prohibición de redes sociales desde finales de 2025, la mayoría de los jóvenes aún puede acceder a ellas, quienes no pueden han perdido su acceso a las noticias, y las líneas de ayuda en casos de crisis reportan un aumento exponencial de llamadas de jóvenes que han quedado desamparados, sin recursos ni comunidades en línea.

Podríamos extendernos indefinidamente sobre todos los perjuicios inherentes aquí, pero intentaremos ser breves al repasar algunos de los problemas principales.

1. Riesgos de seguridad y daños a la privacidad

Para prohibir el acceso a algunos usuarios, las plataformas de redes sociales primero deben confirmar la edad de todos los usuarios, independientemente de la que tengan. De este modo, las prohibiciones incentivan a las empresas a obligar a usuarios de todas las edades a entregar documentos de identidad estatales, escaneos faciales y otra información sensible. Cuando se requiere el consentimiento paterno, las empresas deben recopilar aún más datos de verificación y, a menudo, crean vínculos explícitos entre las cuentas de los hijos y las de los padres, destruyendo aún más el anonimato de los usuarios. 

Ambas bases de datos crean enormes "atractores" de información que propician el robo de identidad y una vigilancia permanente. Ya hemos visto reiteradas filtraciones de datos que involucran a servicios de verificación de edad e identidad. A pesar de esto, estas leyes obligarían tanto a los adultos como a los jóvenes que pretenden proteger a alimentar con sus datos más sensibles este creciente ecosistema de vigilancia. 

Si no confiamos en las empresas tecnológicas con nuestra información privada en la actualidad, no deberíamos aprobar leyes que nos obliguen a entregarles todavía más. 

2. Impacto desproporcionado en comunidades vulnerables

La tecnología de verificación de edad es profundamente defectuosa y propensa a la discriminación. Estos sistemas suelen identificar erróneamente o bloquear el acceso a personas de color, personas con discapacidad e individuos trans o de género no conforme cuyas identificaciones pueden no coincidir con su apariencia física. 

En los casos donde estos proyectos de ley exigen el consentimiento paterno, imponen barreras de acceso desproporcionadas a familias de bajos ingresos, no tradicionales y de inmigrantes. Este tipo de familias tiene una mayor probabilidad de compartir un único dispositivo familiar o de poseer razones sólidas para no desear que el gobierno rastree sus vínculos familiares y documentos de identidad. 

Más allá de las fallas técnicas, estas prohibiciones cortan un cordón vital. Para los jóvenes LGBTQ+, los niños en hogares de acogida y aquellos atrapados en entornos familiares hostiles, las redes sociales suelen ser el único espacio para hallar comunidad, explorar su identidad o acceder a recursos que salvan vidas. Aislar por la fuerza a los jóvenes desampara a quienes más necesitan esa conexión, al tempo que levanta enormes barreras nuevas para los adultos. 

Puede leer un análisis detallado sobre los diversos grupos vulnerables a estas leyes aquí. 

3. Fundamentadas en ciencia deficiente

La actual ofensiva legislativa para prohibir el acceso de los jóvenes a las redes sociales se apoya fuertemente en la idea de que la "reconfiguración masiva" del cerebro adolescente es un hecho comprobado. Esto simplemente no es cierto.

Las ciencias sociales indican que el uso moderado de internet resulta neto positivo para el desarrollo de los adolescentes, y que las consecuencias negativas suelen deberse a la falta de acceso o al uso excesivo. Para los jóvenes LGBTQ+ y de comunidades marginadas en particular, las redes sociales ofrecen un espacio indispensable para obtener el apoyo del que podrían carecer fuera de línea. Al forzar a la juventud al aislamiento digital, estas prohibiciones interrumpen el acceso crucial a noticias políticas, comunidad y recursos de salud y educación sexual. Asimismo, ignoran por completo los reclamos de los propios jóvenes, quienes priorizan la alfabetización digital y la educación por encima del control gubernamental restrictivo.

4. Violaciones temerarias a la libertad de expresión de usuarios de todas las edades

Sin importar su edad, la Primera Enmienda protege su derecho a expresarse y a acceder a la información. 

Las prohibiciones generalizadas de las redes sociales coartan de forma inmensa e inconstitucional el ejercicio de este derecho para todos los usuarios. Interrumpen el acceso de los jóvenes al discurso legítimo, o destruyen su privacidad en el hogar al exigir el consentimiento paterno y, a veces, incluso el acceso de los padres a las actividades y configuraciones de sus cuentas. Obligan a todos los usuarios (tanto adultos como jóvenes) a entregar información privada a las empresas tecnológicas antes de poder hablar o acceder a información en las plataformas de redes sociales, imponiendo obstáculos molestos a la expresión legítima en línea y bloqueando injustamente a algunos adultos por completo. 

Fundamentalmente, estas prohibiciones destruyen nuestro derecho al anonimato en línea, una piedra angular de nuestro derecho a la libre expresión que protege a denunciantes, periodistas, activistas, inmigrantes y a cualquiera que haya utilizado alguna vez un navegador o una cuenta privada para plantearle al internet una pregunta incómoda.

Cómo defenderse

Las prohibiciones de redes sociales instrumentalizan las preocupaciones de los padres sobre la seguridad de sus hijos para justificar niveles sin precedentes de vigilancia y censura. En el proceso, estas leyes niegan sus derechos a los jóvenes, amenazan el anonimato en línea de todos, exponen nuestros datos personales sensibles a filtraciones y abusos, y reemplazan la toma de decisiones paterna por la autoridad del Estado. Esta es una batalla por el futuro de un internet abierto, privado y libre, y debemos actuar ahora para protegerlo.

Así es como puede ayudarnos a dar la batalla: Hable con su comunidad (¡incluidos los jóvenes!) sobre lo que está en juego. Si es padre o madre, recurra a las conversaciones abiertas y a las herramientas existentes en las plataformas para adaptar las experiencias de sus hijos, en lugar de ceder ese poder al gobierno. Y, sin importar dónde viva, comuníquese con sus representantes gubernamentales y dígales claramente que las prohibiciones de redes sociales no son la solución para la seguridad en línea de los menores.