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Como la corte le negó el acceso a una ley relevante a un Proveedor que se negó a una Orden Secreta de Vigilancia

DEEPLINKS BLOG
June 15, 2017

La ley de vigilancia extranjera del gobierno de Estados Unidos es tan secreta que ni siquiera un proveedor de servicios que impugna una orden emitida por una corte secreta tiene acceso a ella.

Ese episodio kafkiano - negarle a una de las partes el acceso a la ley que se está utilizando en su contra - se hizo público esta semana en un dictamen FISC que obtuvo EFF como parte de un juicio FOIA que presentamos en 2016.

La opinión [.pdf] muestra que en 2014, el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC) rechazó la solicitud de un proveedor de servicios para obtener otros dictámenes del FISC que los abogados del gobierno habían citado y se basó en las solicitudes de los tribunales para obligar a la cooperación del proveedor.

La decisión estaba relacionada con el desafío – finalmente fallido – de parte del proveedor a una directiva de vigilancia que recibió bajo la Sección 702, la autoridad de vigilancia sin garantías que expirará este año.

La decisión es sorprendente porque demuestra cómo el secreto pone en peligro uno de los principios más fundamentales de nuestro sistema legal: todos llegan a conocer aquello que es la ley. Aparentemente, ese principio no se extiende al FISC.

La solicitud del proveedor surgió en medio de un informe legal por parte de él y el DOJ sobre su impugnación de una orden 702. Después de que el Departamento de Justicia citó dos dictámenes anteriores del FISC que no eran públicos en ese momento, uno de 2014 y otro de 2008, el proveedor solicitó al tribunal el acceso a esas resoluciones.

El proveedor sostuvo que sin poder revisar las decisiones anteriores del FISC, no podía entender completamente las decisiones anteriores del tribunal, y mucho menos responder eficazmente al argumento del DOJ. El proveedor también argumentó que debido a que estaban representados por abogados con permisos de seguridad de rango Top Secret, podían revisar las sentencias sin plantear un riesgo a la seguridad nacional.

El tribunal discrepó en varios aspectos. Encontró que las reglas del tribunal y la Sección 702 prohibían la liberación de los documentos. También rechazó la afirmación del proveedor de que la Cláusula de Debido Proceso de la Constitución lo autorizaba a acceder a los documentos.

El dictamen afirma: "Más allá de lo que obliga la cláusula del debido proceso, la Corte está convencida de que la omisión de las opiniones solicitadas no viola la equidad del sentido común". Esto es debido a que la Corte creyó que el Departamento de Justicia había representado con precisión las decisiones en su Escritos legales y no inducian a error al proveedor sobre estipulado en esas sentencias.

El tribunal también dijo que incluso si las opiniones fueran publicadas, "sería de poca ayuda, si es que alguna" a los méritos de los argumentos del proveedor.

A pesar de la opinión de la corte, no existe nada justo en ocultar importantes casos legales - que probablemente interpretaron o crearon leyes – a una de las partes de una disputa legal.

La decisión de la corte se asemeja a permitir que una de las partes lea y cite un caso del Tribunal Supremo mientras que prohíbe a la otra parte hacer lo mismo. Desfavorece fundamentalmente a una de las partes de una lucha legal, además de negarle el acceso al caso para asegurarse de que la parte con conocimientos está representando con precisión la decisión.

En el caso del proveedor, la baraja siempre estaba apilada en contra de su capacidad de desafiar la orden 702. Tradicionalmente, el FISC sólo escucha una de las partes -el Poder Ejecutivo- y generalmente es comprensivo con los reclamos de seguridad nacional.

Aunque los cambios recientes en el FISC como resultado de la Ley de Libertad de los Estados Unidos están en la dirección correcta, incluyendo la capacidad de las partes externas de argumentar ante el tribunal, el Departamento de Justicia todavía tiene muchas ventajas.

En el caso del proveedor, la carta de triunfo era que los abogados del DOJ tenían que leer y confiar en casos que el proveedor nunca llegó a ver.

Ciertamente, este resultado injusto no es enteramente culpa del FISC. Como señala el fallo, el Congreso ha proporcionado pocos, o ningún, recurso a una de las parte que está impugnando órdenes secretas de vigilancia para poder obtener documentos y resoluciones del FISC que sean directamente relevantes para su caso.

Con la Sección 702 a punto de desaparecer este año, el Congreso debe reconocer que el sistema judicial que estableció para aprobar órdenes de vigilancia y escuchar desafíos a esas órdenes se parece muy poco a nuestro sistema de justicia más amplio. Esta inequidad corrompe nuestros principios democráticos fundamentales y es otra razón por la que el Congreso debe terminar con la Sección 702.

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