La Comisión Europea publicó hoy un proyecto de Ley de Servicios Digitales, la reforma más importante de la normativa europea sobre Internet en dos décadas. La propuesta, que modernizará la columna vertebral de la legislación de Internet de la UE - la Directiva de Comercio Electrónico -establece nuevas responsabilidades y normas sobre cómo Facebook, Amazon y otras empresas que alojan contenidos manejan y toman decisiones sobre los mensajes, comentarios, fotos y vídeos de miles de millones de usuarios.

Esta es una gran oportunidad para que la UE revitalice principios como la transparencia, la apertura y la autodeterminación informativa. Muchos usuarios se sienten encerrados en unas pocas plataformas poderosas y a merced de sistemas de decisión algorítmicos que no entienden. Es hora de cambiar esto.

Obtuvimos una copia del borrador de 85 páginas y, aunque todavía estamos revisando todas las secciones, nos centramos en varias disposiciones relativas a la responsabilidad por contenidos ilegales, la moderación de contenidos y la interoperabilidad, tres de las cuestiones más importantes que afectan el derecho fundamental de los usuarios a la libertad de expresión en Internet.

Lo que encontramos es una mezcla con algunas propuestas prometedoras. La Comisión acertó estableciendo límites en la eliminación de contenidos y permitiendo a los usuarios desafiar las decisiones de censura. También nos alegra ver que la supervisión general de los usuarios no es una opción política y que la responsabilidad por el discurso recae en el orador, y no en las plataformas que albergan lo que los usuarios publican o comparten en línea. Pero la propuesta no aborda el control de los usuarios sobre los datos ni establece requisitos para que las mega plataformas trabajen hacia la interoperabilidad. Por lo tanto, hay espacio para la mejora y trabajaremos con el Parlamento y el Consejo de la UE, que deben acordar un texto para que se convierta en ley, para asegurarnos de que la UE arregle lo que está roto y devuelva el control a los usuarios.

Responsabilidad y vigilancia del contenido

El nuevo proyecto de ley de Internet de la UE conserva los pilares fundamentales de las actuales normas de Internet plasmadas en la Directiva sobre comercio electrónico de la UE. La Comisión siguió nuestra recomendación de abstenerse de obligar a las plataformas a vigilar y censurar lo que los usuarios dicen o cargan en línea. Parece haber aprendido una lección de las recientes y desastrosas leyes de Internet como el Artículo 17, que hace que las plataformas vigilen el discurso de los usuarios.

El proyecto permite a los intermediarios seguir beneficiándose de las exenciones de responsabilidad amplias, de modo que, como principio, no se les considerará responsables del contenido de los usuarios. Debido a una cláusula de "buen samaritano" de estilo europeo, esto incluye situaciones en las que las plataformas actúan voluntariamente contra el contenido ilegal. Sin embargo, el diablo está en los detalles y debemos asegurarnos de que las plataformas no se vean obligadas a emplear filtros de carga "voluntarios".

Nuevas obligaciones de diligencia debida

En el Acuerdo sobre la Diversidad Biológica se establecen nuevas obligaciones de diligencia debida para señalar el contenido ilegal para todos los proveedores de servicios de intermediación, y se establecen obligaciones especiales de tipo y tamaño para las plataformas en línea, incluidas las muy grandes.

Dijimos desde el principio que un enfoque único de la reglamentación de Internet para las redes de medios sociales no funciona para una Internet que está monopolizada por unas pocas plataformas poderosas. Por lo tanto, sólo podemos apoyar nuevas obligaciones de diligencia debida que se ajusten al tipo y tamaño de la plataforma. La Comisión reconoce acertadamente que silenciar la libre expresión es un riesgo sistémico en plataformas muy grandes y que la transparencia sobre la moderación del contenido puede mejorar el statu quo. Sin embargo, analizaremos cuidadosamente otras disposiciones potencialmente problemáticas, como la exigencia a las plataformas que informen a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley sobre ciertos tipos de contenido ilegal. Las normas sobre supervisión, investigación y aplicación de la ley merecen un examen a fondo por parte del Parlamento Europeo y el Consejo.

Notificación de retirada y manejo de quejas

En este caso, la Comisión ha dado un, bienvenido, primer paso hacia una mayor justicia procesal. Es significativo que la Comisión reconozca que las plataformas a menudo cometen errores al moderar el contenido. Reconociendo que los usuarios merecen una mayor transparencia en cuanto a las decisiones de las plataformas remover el contenido o cerrar cuentas, el proyecto de ley pide a las plataformas en línea que proporcionen un sistema de tramitación de denuncias fácil de utilizar y que restauren el contenido o las cuentas que se hayan eliminado erróneamente.

Sin embargo, nos preocupa que las plataformas, en lugar de los tribunales, se están convirtiendo cada vez más en árbitros de lo que la libre expresión puede o no  publicar en línea. Un sistema de notificación armonizado para todo tipo de contenido aumentará el riesgo de que la plataforma se entere de la ilegalidad del contenido y, por lo tanto, sea considerada responsable de ella.

Faltan medidas de interoperabilidad

La Comisión no dio la talla en cuanto a dar a los usuarios más libertad y control sobre su experiencia en Internet, ya que las normas sobre la interoperabilidad están ausentes de la propuesta. Esto puede abordarse en el proyecto de propuesta de la Ley de mercados digitales. Si la UE quiere romper el poder de las plataformas que monopolizan Internet, necesita reglamentos que permitan a los usuarios comunicarse con sus amistades a través de las fronteras de las plataformas, o poder seguir su contenido favorito a través de las diferentes plataformas sin tener que crear varias cuentas.

Órden judicial/administrativa de retirada de contenido 

Internet es mundial y las órdenes de retirada de alcance mundial son inmensamente injustas y perjudican la libertad de los usuarios. El proyecto de normas aborda los peligros de las órdenes de retirada de alcance mundial exigiendo que dichas órdenes tengan en cuenta los derechos de los usuarios y que su alcance territorial sea necesario.

Sanciones

Según las regulaciones propuestas, las plataformas más grandes pueden ser multadas hasta un seis por ciento de sus ingresos anuales por violar las reglas sobre la incitación al odio y la venta de productos ilegales. Las medidas de aplicación adecuadas y las sanciones disuasorias son herramientas importantes para cambiar el actual espacio digital que está monopolizado por plataformas muy grandes. Dicho esto, las multas elevadas sólo son buenas si la sustancia de la regulación es buena, lo que estudiaremos con gran detalle en las próximas semanas.

Plataformas no pertenecientes a la UE

Los proveedores de plataformas no pertenecientes a la UE se enfrentarán a obligaciones de cumplimiento si sus servicios tienen una conexión sustancial con la UE. Las normas propuestas están dirigidas en particular a las empresas fuera de la Unión, como las de los Estados Unidos, que ofrecen servicios a los usuarios de la UE. Pero los criterios para imponer los deberes no están claros, y nos preocupa que, si las plataformas no pertenecientes a la UE están obligadas a tener representación legal en la UE, algunas decidirán no ofrecer servicios en ella.