El presidente de la Cámara de Representantes, Johnson, ha presentado una nueva cortina de humo para encubrir el estado de vigilancia estadounidense: la Ley de Responsabilidad en materia de Inteligencia Exterior. Presentado a solo unos días de que expire la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) y de que el Gobierno de EE. UU. pierda uno de sus programas de vigilancia más invasivos, el proyecto de ley no hace nada para introducir ninguno de los cambios sustanciales que los defensores de la privacidad han estado pidiendo; en particular, no establece un requisito de orden judicial real para que el FBI pueda espiar las conversaciones privadas de las personas en territorio estadounidense.
La Sección 702 debe ser reautorizada por el Congreso cada pocos años. Estas reautorizaciones nos brindan la oportunidad de modificar el texto de la ley e introducir algunas reformas muy necesarias. Este intento de reautorización ha sido especialmente complicado, pero aún hay tiempo para que el Congreso incluya una protección real de las libertades y los derechos civiles de los estadounidenses. Debemos asegurarnos de que, cuando un agente del FBI quiera examinar las conversaciones de los estadounidenses recopiladas como parte de un programa de inteligencia de seguridad nacional, necesite una orden judicial firmada por un juez, igual que si intentara registrar tu cuenta de correo electrónico o tu casa.
Este nuevo proyecto de ley exige que un responsable de la protección de las libertades civiles dependiente del Director de Inteligencia Nacional revise todas las consultas sobre ciudadanos estadounidenses realizadas por el FBI en el marco de este programa para asegurarse de que no se ha infringido ninguna ley. Ya es bastante malo permitir que la comunidad de inteligencia se controle a sí misma, y lo que es peor, la evaluación de la ilegalidad se realizaría después de que ya se haya espiado a un ciudadano estadounidense. Esta no es en absoluto la reforma que necesitamos y probablemente solo conducirá a un abuso continuado sin una verdadera rendición de cuentas ni consecuencias.
El proyecto de ley «prohíbe vigilar a ciudadanos estadounidenses», pero la ley actual también lo hace. Este «cambio» no hace absolutamente nada para abordar lo que realmente está sucediendo, que es que la vigilancia de personas en Estados Unidos suele justificarse como «incidental» porque los estadounidenses no son el «objetivo» de la vigilancia. El proyecto de ley no establece la obligación de obtener una orden judicial, no crea nuevos requisitos de transparencia y no protege la privacidad de los estadounidenses.
Instamos al Congreso, y os instamos a vosotros a escribir a vuestros congresistas, para decirles lo siguiente: Rechacad la última cortina de humo del estado de vigilancia conocida como la Ley de Responsabilidad de la Inteligencia Extranjera y seguid presionando para lograr reformas reales.
