El término "soberanía digital" está en todas partes. Los funcionarios europeos lo invocan en los debates sobre infraestructura en la nube, inteligencia artificial, semiconductores y regulación de plataformas. Gobiernos de todo el sur global lo usan para reclamar un mayor control sobre los datos y la infraestructura de comunicaciones e impulsar sus economías. Las empresas comercializan productos de "nube soberana" diseñados para tranquilizar a sus clientes con la promesa de que su información se queda bajo jurisdicción local. Pero la soberanía digital podría ser algo más: una oportunidad para que las personas de todo el mundo construyan sistemas más resilientes y abiertos, junto con las capacidades y la infraestructura para mantenerlos.

No hay una definición única de soberanía digital, ni una postura única y coherente en el ámbito de los derechos digitales. Pese a su creciente popularidad, el término sigue siendo exasperantemente vago. Quienes diseñan políticas públicas, los reguladores, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores pueden querer decir cosas muy distintas cuando lo usan. Pero, para empezar por una definición amplia, podemos decir que significa tener la capacidad de controlar el propio destino digital, aunque las implicancias de eso obviamente varían muchísimo según hablemos de una persona o de un país.

Podemos empezar por construir un entendimiento común de lo que realmente significa la soberanía digital. También incluimos un glosario de términos al final de este artículo. 

En Europa y en otros lugares donde la soberanía digital se ha vuelto tema de política pública, los debates se centran en reducir la dependencia: de la infraestructura en la nube extranjera (y en particular estadounidense), de los chips, de las plataformas y, a veces, de prioridades políticas ajenas. La preocupación es tanto económica como geopolítica. Si la infraestructura esencial está controlada por empresas de otros países —y por lo tanto sujeta a las leyes de otra jurisdicción—, ¿qué control tiene realmente un país sobre su propio futuro digital?

En los países del sur global en particular, las guerras, las sanciones y la creciente fragmentación de internet le han demostrado a mucha gente que la infraestructura física que sostiene la vida digital no es neutral ni invulnerable. 

En medio de esta creciente inestabilidad geopolítica, los gobiernos y la sociedad civil deberían plantearse si la soberanía digital puede ayudar a apuntalar esa infraestructura. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía digital? 

Un reciente documento conjunto franco-alemán sobre soberanía digital la define como la "capacidad y aptitud para desarrollar, proveer, usar, adaptar y controlar tecnologías digitales, incluido el hardware, de manera independiente, autodeterminada y segura", y propone un marco para operativizar la capacidad de acción de Europa en el ámbito digital. 

Algunos gobiernos, como el alemán, han empezado a poner financiamiento detrás de los esfuerzos de soberanía mediante iniciativas como la Sovereign Tech Agency, que "invierte a nivel global en los componentes de software abierto que sustentan la competitividad y la capacidad de innovación de Alemania y de Europa". 

Las posturas sobre soberanía digital entre los aliados de la EFF en Europa son variadas. Open Rights Group ha definido la soberanía digital como "la capacidad de un país de tener control sobre su infraestructura digital, sus datos y su tecnología", y afirma que es "crucial para la seguridad económica y nacional del Reino Unido". 

De forma similar, la European Partnership for Democracy ha expresado su preocupación por que "unas pocas corporaciones de las grandes tecnológicas decidan nuestro destino colectivo", y sostiene que la UE debería explorar "modelos alternativos de propiedad para las empresas tecnológicas y definir con claridad su propósito y su misión". Y nuestros colegas de EDRi (de la cual la EFF es miembro) han afirmado con claridad que "la soberanía digital de Europa empieza por el código abierto". Algunas iniciativas, como DI.DAY, ven la soberanía digital como una oportunidad para liberar a los usuarios de su dependencia de las grandes tecnológicas.

En otras partes del mundo, las conversaciones sobre soberanía digital toman formas distintas. Las discusiones indígenas sobre el tema llevan más de una década y se centran en el derecho inherente de las naciones originarias a gobernar sus propios ecosistemas digitales. En el Sudeste Asiático, el deseo de soberanía digital ha generado crecimiento en la industria de la nube soberana, pero la conversación no es puramente económica: las dudas sobre la jurisdicción bajo la que se almacenan los datos impulsan buena parte del debate. 

En América Latina, la infraestructura pública digital suele ser un eje central de los debates. En toda África, los líderes hablan del deseo de que el continente pase de ser consumidor de tecnología a convertirse en arquitecto de su propia infraestructura digital y de sus ecosistemas de datos. Y en Medio Oriente y el norte de África, suelen predominar las preocupaciones por la dependencia de las empresas tecnológicas estadounidenses, que han participado en conflictos y ejercido una censura desproporcionada en la región (especialmente contra las voces palestinas).

Reem Almasri, investigadora sénior radicada en Jordania, conversó hace poco con la EFF sobre la soberanía digital, que ella entiende como "la capacidad de las personas y las comunidades de elegir, controlar y usar tecnología que responda a sus necesidades y valores", sobre todo a la luz del papel que han tenido las empresas estadounidenses en los conflictos de la región.

En un artículo de enero, Almasri señaló la creciente inquietud por otorgarles a los gobiernos mayor soberanía e influencia sobre los datos, las comunicaciones y los sitios web de la ciudadanía, y escribió: "Esto resulta particularmente preocupante en países que imponen altos niveles de censura en internet y en los medios, y que ejecutan programas de vigilancia sin rendición de cuentas sobre los datos de sus ciudadanos".

En efecto, si bien impulsar una mayor soberanía frente a las grandes tecnológicas tiene beneficios, existe el riesgo inherente de que algunos Estados persigan la soberanía digital como forma de cortar o fragmentar el acceso, como ya hemos visto en Irán, Rusia y otros lugares.

Por esa razón, no sorprende que algunas personas, como la profesora iraní Azadeh Akbari, consideren que "la ola actual que impulsa la soberanía digital como la clave para acabar con la dependencia de la tecnología estadounidense y china pasa por alto su propio sesgo eurocéntrico". 

¿Qué opina la EFF?

En un mundo con soberanía digital, la sociedad civil debería poder comunicarse libremente, en privado y de forma anónima si así lo desea. Las personas deberían poder entender con facilidad dónde viven sus datos y quién tiene acceso a ellos. Esos datos deberían ser fácilmente portables entre plataformas y servicios.

En la EFF no vemos la soberanía digital como un jardín amurallado, sino como una oportunidad de resiliencia y de desarrollo de industrias y capacidades. Creemos que los gobiernos pueden y deben cumplir un papel en la construcción de una soberanía digital que ponga en el centro la autonomía de los usuarios, en lugar de simplemente recrear un estado de dependencia digital con otro elenco de empresas. Los gobiernos deberían apoyar y usar herramientas y proyectos libres y de código abierto construidos bajo principios de interoperabilidad y portabilidad de datos. Ese apoyo debería incluir la contratación de desarrolladores, diseñadores de experiencia de usuario y gestores de comunidad a tiempo completo. Las políticas públicas y la legislación deberían darles a los usuarios control sobre sus propios datos y un entendimiento claro de quién puede acceder legalmente a ellos. La soberanía digital debería fomentar la capacidad de los usuarios de elegir cómo usan los productos y servicios digitales, libres de bloqueos injustos, condiciones coercitivas y configuraciones predeterminadas manipuladoras. También debería fomentar el internet de interés público en sentido amplio: esa parte de la web que ofrece bienes públicos y servicios útiles sin necesitar la escala ni las prácticas comerciales de los gigantes tecnológicos.

Las puertas traseras en el cifrado son fundamentalmente incompatibles con una visión de la soberanía de los datos centrada en el control del usuario. Los gobiernos deberían apoyar el desarrollo y la normalización de comunicaciones cifradas de extremo a extremo de buena reputación, así como del cifrado robusto de los datos en reposo. Ese apoyo debería incluir la contratación de criptógrafos y la contribución a estándares de cifrado sólidos y revisados por pares, reforzados por la minimización de datos como principio fundamental de diseño, además de abstenerse de legislar mandatos de "acceso legal" o de cualquier otro tipo.  

Como tecnólogos, no tenemos que esperar a que actúen los gobiernos para crear la soberanía digital que queremos. Tenemos el internet que construimos. Podemos contribuir a proyectos de código abierto, descentralizados y cifrados de extremo a extremo. Podemos construir estándares que hagan de la interoperabilidad y la portabilidad de datos una característica desde el primer momento. Podemos resistirnos al canto de sirena de las soluciones propietarias, el cautiverio del usuario y las puertas traseras en el cifrado.

Por último, aunque la soberanía digital suele plantearse como una respuesta al dominio de las grandes tecnológicas, eso no significa que las empresas privadas no tengan ningún papel que cumplir. No tiene sentido reemplazar la influencia de unas pocas empresas tecnológicas mayormente estadounidenses por la de un puñado de gigantes con sede en otra parte. Las empresas pueden y deben construir plataformas y servicios sobre protocolos descentralizados y de código abierto, y contribuir al ecosistema. Además, deberían minimizar el procesamiento de los datos de las personas, salvo lo estrictamente necesario para darles lo que pidieron, y solo con un consentimiento explícito que les deje claro a los usuarios qué datos se recopilan, dónde se almacenan y quién tiene acceso a ellos. Y las empresas deberían construir sus herramientas y plataformas de modo que permitan la interoperabilidad y que les faciliten a los usuarios irse con sus datos. Algunas de estas prácticas ya son obligatorias por ley en ciertas jurisdicciones, pero las empresas no tienen por qué limitarse al mínimo que exige la ley: deberían respetar a sus usuarios y apoyar la soberanía de los datos desde ya.

Un glosario de términos

Los siguientes términos son útiles para entender este artículo y también la conversación más amplia sobre la soberanía digital:

Responsabilidad de los intermediarios: la responsabilidad legal que recae sobre los proveedores de servicios en línea (ISP, sitios web, plataformas de redes sociales) por las actividades ilícitas de sus usuarios, como la difamación, la infracción de derechos de autor o los discursos de odio ilegales.

El stack: un marco tecnológico seguro y de código abierto, a menudo centrado en alternativas europeas, diseñado para romper las dependencias de proveedores tecnológicos (mayormente) estadounidenses. Se compone de infraestructuras digitales interoperables, transparentes y neutrales respecto del proveedor, pensadas para recuperar el control sobre los datos, la infraestructura y la tecnología.

Soberanía digital: la capacidad de las personas —como naciones, organizaciones e individuos— de controlar su propio destino digital, conservando la autoridad sobre sus propios datos, tecnología e infraestructura.

Soberanía de los datos: el principio según el cual la información digital está sujeta a las leyes y los marcos de gobernanza del país o la región donde se recopila, almacena o procesa físicamente. Establece que los datos siguen ligados a las protecciones de privacidad y las regulaciones específicas de su jurisdicción de origen, sin importar dónde esté ubicada la organización que los recopila.

Bienes comunes digitales: un recurso compartido en línea —conocimiento, software, datos— producido, gobernado y mantenido de forma colectiva por una comunidad, destinado al acceso público. Algunos ejemplos son Wikipedia, sistemas operativos de código abierto como Linux y los contenidos con licencia Creative Commons.

Portabilidad de datos / interoperabilidad: la posibilidad de transferir fácilmente datos personales de un proveedor de servicios a otro, o a un sistema propio, en un formato estructurado y legible por máquinas. Les permite a los usuarios salir de los "jardines amurallados", lo que reduce el cautiverio con un proveedor y amplía su autonomía.

Dependencia digital: lo contrario de la soberanía digital. La incapacidad de las personas —como naciones, organizaciones e individuos— de controlar su propio destino digital mediante el control de sus propios datos, tecnología e infraestructura. 

Descentralización: el paso de depender de plataformas corporativas centralizadas, a menudo estadounidenses, a un internet distribuido y centrado en el usuario, donde las personas, las comunidades y las naciones mantienen el control sobre sus datos, su identidad digital y su infraestructura.

Cifrado de extremo a extremo (e2ee): un proceso de comunicación segura en el que solo quien envía y quien está destinado a recibir pueden acceder a los mensajes o datos, leerlos o descifrarlos.

Equidad (en el sentido de la Digital Fairness Act): la ausencia de prácticas de diseño engañosas, manipuladoras o adictivas que distorsionen la elección del consumidor y exploten sus vulnerabilidades. 

Soberanía del usuario: la idea de que cada persona tiene control absoluto sobre sus datos personales, su identidad digital y su privacidad en línea, y que rechaza la centralización del poder en manos de las grandes plataformas tecnológicas. Pone el énfasis en el consentimiento del usuario, la descentralización y la posibilidad de gestionar los datos personales con herramientas seguras e independientes.