Cuando el Congreso vuelva a abrir sus puertas, la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) de 2026 se someterá a votación. Esto nos da la oportunidad de ver las prioridades del secretario de Defensa y sus aliados en el Congreso en lo que respecta al ejército, y una de esas prioridades es la compra de tecnología, especialmente de inteligencia artificial, con menos obligación de demostrar su eficacia y que vale la pena el dinero que el gobierno pagará por ella.
Según informa Lawfare, «el proyecto de ley de política de defensa de este año, la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), reduciría la divulgación de datos que ayudan al departamento a comprender los costos reales de lo que está comprando, así como los requisitos de prueba que establecen si lo que prometen los contratistas es técnicamente viable o incluso adecuado para sus necesidades». Este cambio se produce en medio de una campaña del secretario de Defensa para «maximizar la letalidad» mediante la adquisición de software moderno «a una velocidad y escala adecuadas para nuestros combatientes». La Comisión de Servicios Armados del Senado también ha expresado su interés en realizar «reformas significativas para modernizar las operaciones presupuestarias y de adquisición del Pentágono... con el fin de mejorar la eficiencia, impulsar la innovación y modernizar el proceso presupuestario».
La propia NDAA de 2026 establece que «el Secretario de Defensa dará prioridad a los mecanismos de adquisición alternativos para acelerar el desarrollo y la producción» de tecnología, incluida una «vía de adquisición de software» acelerada, una parte especial del código estadounidense que, si se aprueba esta versión de la NDAA, transferirá poderes al Secretario de Defensa para agilizar el proceso de compra y adquirir nueva tecnología o actualizaciones de la tecnología existente y ponerla en funcionamiento «en un plazo no superior a un año desde el inicio del proceso...». También garantiza que la nueva tecnología «no estará sujeta» a algunas de las herramientas tradicionales de supervisión.
Todo esto indica una cosa: la rapidez prima sobre la diligencia debida. En un panorama tecnológico comercial en el que se descubre repetidamente que las empresas exageran o incluso engañan a la gente sobre las capacidades técnicas de sus productos, o en el que los departamentos de policía se enfrentan constantemente a la realidad de que la tecnología cara puede no ser eficaz para proporcionar las soluciones que buscan, es importante que la agencia gubernamental con el presupuesto más amplio tenga tiempo para probar la eficacia y la rentabilidad de las nuevas tecnologías. Es fácil para los departamentos militares o policiales escuchar al departamento de marketing de una empresa tecnológica y creer en su discurso de venta bien ensayado, pero el Congreso debe asegurarse de que el dinero público se utiliza de forma sensata y coherente con las libertades civiles y los derechos humanos.
El ejército y quienes apoyan su presupuesto preferido deberían pensárselo dos veces antes de recortar gastos antes de comprar e implementar nuevas tecnologías. La postura del Departamento de Defensa no inspira confianza en que el ejército del mañana, centrado en la tecnología, esté equipado de manera eficaz, eficiente y transparente.
