Las patentes de software son, en su mayoría, vagas, difíciles de definir y objeto de abusos generalizados. La mayoría de las demandas por patentes tecnológicas no las presentan empresas que fabrican productos reales. Las presentan los trolls de patentes, empresas que adquieren patentes para obtener pagos mediante litigios y amenazas legales.
Una patente sobre una sola función de un smartphone no debería darle a su titular el poder de amenazar la existencia de toda la línea de productos. Pero esa es exactamente la ventaja que buscan los trolls de patentes, y el gobierno actual los está ayudando a conseguirla.
En dos casos recientes de patentes, Radian Memory Systems v. Samsung y Collision Communications v. Samsung, el Departamento de Justicia y la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) han pedido a los tribunales que les hagan más fácil a los titulares de patentes obtener órdenes judiciales (injunctions). Se trata de órdenes que pueden obligar a las empresas a dejar de vender productos o a quitarles funciones, en lugar de simplemente pagar una indemnización por daños y perjuicios.
La amenaza de una orden judicial puede presionar a una empresa a pagar mucho más de lo que realmente vale una patente. En 2006, NTP Inc., una sociedad tenedora de patentes sin productos propios, logró presionar a Research in Motion Ltd., fabricante de BlackBerry, para que pagara 612 millones de dólares en un acuerdo extrajudicial cuando estaba a punto de recibir una orden judicial.
Protección contra los trolls de patentes
En mayo de 2006, la Corte Suprema rechazó la práctica de conceder órdenes judiciales permanentes de forma casi automática tras determinarse la infracción de una patente. En eBay v. MercExchange, el máximo tribunal resolvió que, para obtener una orden judicial permanente, los titulares de patentes deben cumplir los mismos requisitos estrictos que se les exigen a los demandantes en casos que no son de patentes. Después de eBay, los titulares de patentes tenían que demostrar un “daño irreparable”, que no podían ser compensados adecuadamente con dinero, que el “balance de perjuicios” favorecía al demandante y, algo fundamental, que una orden judicial no perjudicaría el “interés público”.
En EFF celebramos eBay v. MercExchange como una gran victoria para los usuarios de internet. Hace más de veinte años ya veíamos que las patentes de software iban a ser un desastre, no solo para las pequeñas empresas (para las que sin duda lo son), sino también para la libertad de expresión en línea. Como explicó EFF en su escrito:
La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos ha otorgado patentes sobre métodos para descargar programas de video, publicar páginas web, enviar mensajes de correo electrónico, hacer llamadas telefónicas por internet, e incluso sobre métodos de recaudación de fondos en línea. Las órdenes judiciales contra los usos de estas tecnologías —y de muchas otras similares— inevitablemente afectarán la libertad de expresión en internet, e incluso podrían inhibirla.
Las reglas de eBay tienen sentido porque los monopolios que otorgan las patentes solo se justifican cuando cumplen un propósito público: promover el progreso científico y tecnológico. Hacer valer una patente no debería ir en detrimento de quienes innovan después, de la libertad de expresión ni del acceso de las personas a la tecnología.
Ahora, dos décadas después de eBay, el gobierno está instando a los tribunales a interpretar esas protecciones de maneras que podrían darles más ventaja a los titulares de patentes. Es inusual que el gobierno intervenga en disputas privadas sobre patentes, pero la administración actual lo ha hecho en repetidas ocasiones, y no del lado del público.
Las disputas por licencias de patentes no deberían amenazar líneas de productos enteras
En junio de 2025, el Departamento de Justicia y la Oficina de Patentes presentaron una “declaración de interés” en Radian Memory Systems v. Samsung, una disputa sobre patentes relacionadas con las unidades de estado sólido (SSD), los dispositivos de almacenamiento que suelen usar las computadoras modernas. Radian, una empresa de explotación de patentes vinculada a Fortress Investment Group, solicitó una orden judicial preliminar que bloquearía la venta de productos de Samsung incluso antes de que un juez o un jurado decidiera si había infracción de patentes.
En su declaración, el gobierno argumentó que incluso un titular cuyo negocio depende por completo de licenciar patentes podría sufrir un daño irreparable, porque podría ser difícil calcular cuánto dinero debería recibir. “En casos de activos únicos, los tribunales han determinado comúnmente que existe un daño irreparable cuando los daños son difíciles de calcular”, escribe el Departamento de Justicia en su escrito.
Pero los tribunales resuelven con regularidad desacuerdos sobre tasas de regalías, sobre la contribución de una patente y sobre licencias comparables. Que existan esos desacuerdos no demuestra, por sí solo, que una indemnización económica no bastaría para compensar al titular de la patente. Si los tribunales adoptaran aquí la postura del Departamento de Justicia, una parte difícil pero normal de los litigios de patentes podría convertirse en motivo para determinar que hay daño irreparable, lo que les facilitaría a los titulares de patentes pedir órdenes judiciales que amenacen líneas de productos enteras. A las empresas que se dedican únicamente a licenciar patentes les encantaría: empezarían a pedir órdenes judiciales de forma rutinaria, ya que las protecciones más importantes de eBay quedarían debilitadas.
El gobierno también afirma que “la perspectiva de una orden judicial puede facilitar la negociación entre las partes”. Ese es precisamente el problema. Una empresa que negocia bajo la amenaza de tener que frenar sus ventas podría pagar sumas enormes a empresas dedicadas a litigar patentes para evitar trastornos en sus líneas de productos o para sus clientes. Lo más probable es que el pago refleje el valor de la amenaza, y no el valor de la patente. Radian terminó retirando su solicitud de orden judicial preliminar, pero los argumentos del gobierno sobre cuándo deberían concederse estas órdenes siguen siendo preocupantes.
Un segundo intento de debilitar el precedente de eBay
Sorprendentemente, el gobierno volvió a este argumento en febrero de este año, en un caso llamado Collision Communications v. Samsung, que ya había llegado a juicio. En este caso, Collision, una entidad dedicada a licenciar patentes que adquirió sus patentes de un contratista de defensa, obtuvo un veredicto del jurado de 445,5 millones de dólares por la infracción de cuatro patentes y luego solicitó una orden judicial.
Pese a que el jurado le había otorgado a Collision 445,5 millones de dólares por daños, el gobierno intervino de todas formas en el caso, argumentando que a los titulares de patentes como Collision, que no fabrican productos, no se les debería negar una orden judicial por el hecho de depender de las licencias de patentes. También argumentó que la dificultad de calcular la indemnización económica puede justificar una orden judicial.
Aunque el tribunal coincidió en que Collision había sufrido un daño irreparable y en que una indemnización económica sería insuficiente, el juez federal de distrito Rodney Gilstrap rechazó el argumento de Collision de que la infracción continuada de una patente constituye automáticamente un daño irreparable. Al final, denegó la orden judicial porque Collision no cumplió otros dos requisitos de la prueba de eBay: demostrar que el balance de perjuicios favorecía la orden y que esta no perjudicaría el interés público.
Ahora Collision apeló, y la discusión está en manos del Circuito Federal, el principal tribunal de patentes del país. Un escrito del Public Interest Patent Law Institute (PIPLI) explica lo que está en juego: cuando el titular de una patente no tiene productos, una orden judicial puede impedir por completo que el público acceda a tecnología esencial. Como las patentes en cuestión tienen que ver con la forma en que los teléfonos móviles se conectan a las redes celulares, “el efecto sobre el público va mucho más allá de lo que estas patentes reivindican como mejoras”, explica PIPLI.
El resultado podría tener consecuencias que van mucho más allá de estas dos empresas. La prueba de eBay exige que los tribunales consideren a quién perjudicaría y a quién beneficiaría una orden judicial permanente, incluido el público. El deseo de un titular de patentes de tener más poder de negociación no debería estar por encima de los intereses de millones de personas que dependen de sus teléfonos. Sin embargo, ese es exactamente el tipo de ventaja que los argumentos del gobierno podrían ayudar a obtener a los titulares de patentes, a costa del público.
El gobierno debería proteger al público, no a los titulares de patentes
Los titulares de patentes ya pueden cobrar indemnizaciones y regalías cuando se infringen sus patentes. Pero no deberían tener un atajo para sacar del mercado productos tecnológicos solo porque calcular los daños es un trabajo difícil.
El Departamento de Justicia debería defender la salvaguarda de eBay. En cambio, este gobierno está ayudando a los titulares de patentes a encontrar formas de esquivarla. Los tribunales deberían rechazar esos argumentos. No debería hacer falta decirlo, pero hay que decirlo: hacer más valiosas las amenazas basadas en patentes no responde al interés público.
Esta publicación es la segunda de una serie de tres partes sobre cómo el gobierno actual está usando su poder para darles más poder a los titulares de patentes a costa del público. La última entrega se publicará la próxima semana. Consulta nuestra publicación anterior:








