, presentada por los senadores Mike Lee (republicano por Utah) y Dick Durbin (demócrata por Illinois), es la primera de las muchas propuestas que seguramente veremos para renovar la Sección 702 de la Ley de Enmiendas a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) de 2008; y, aunque no es perfecta, sí propone un montón de reformas reales y muy necesarias a la herramienta de vigilancia favorita del Gran Hermano.
La irresponsable renovación de 2024 de la secreta autoridad de vigilancia masiva de la Sección 702 no solo le dio al gobierno dos años más de poderes de vigilancia , sino que también empeoró la política. Pero ahora, la gente que valora la privacidad y el estado de derecho tiene otra oportunidad. Con la expiración de la Sección 702 que se avecina en abril de 2026, estamos empezando a ver surgir propuestas sobre cómo renovar la autorización de vigilancia, incluyendo peticiones desde para una renovación «limpia» que mantendría la política sin cambios. La postura de la EFF siempre ha sido coherente: la Sección 702 no debería renovarse sin reformas importantes que eviten que esta táctica de vigilancia extranjera se utilice como herramienta de espionaje masivo interno.
¿Qué es la Sección 702?
La Sección 702 tenía como objetivo modernizar la vigilancia extranjera de Internet con fines de seguridad nacional. Permite la recopilación de inteligencia extranjera de personas no estadounidenses ubicadas fuera de Estados Unidos, exigiendo a las empresas con sede en EE. UU. que gestionan comunicaciones en línea que entreguen datos al Gobierno. Tal y como está redactada la ley, la comunidad de inteligencia (IC, por sus siglas en inglés) no puede utilizar los programas de la Sección 702 para vigilar a los estadounidenses, que están protegidos por la prohibición de registros e incautaciones irrazonables de la Cuarta Enmienda. Pero la ley da margen a la comunidad de inteligencia para recopilar inteligencia extranjera de formas que arrastran las comunicaciones de los estadounidenses.
Vivimos en un mundo cada vez más globalizado en el que la gente está constantemente en contacto con personas en el extranjero. Eso significa que, mientras se centra en extranjeros fuera de EE. UU. para obtener «información de inteligencia extranjera», la IC adquiere habitualmente la parte estadounidense de esas comunicaciones sin una orden judicial basada en una causa probable. La recopilación de todos esos datos de los proveedores de telecomunicaciones e Internet de EE. UU. da lugar a la captura «incidental» de conversaciones en las que participan un gran número de personas en Estados Unidos.
Pero este acceso encubierto a los datos de ciudadanos estadounidenses no es «incidental». La Sección 702 se ha convertido en una parte habitual de la labor policial del FBI. De hecho, el último de la IC documenta las muchas formas en que el FBI utiliza la Sección 702 para espiar a los estadounidenses sin una orden judicial. La IC presionó para que se aprobara la Sección 702 como herramienta de seguridad nacional fuera de las fronteras de EE. UU., pero es evidente que el FBI la utiliza para llevar a cabo vigilancia interna sin orden judicial de los estadounidenses. Solo en 2021, el FBI realizó en los datos de la Sección 702 de ciudadanos estadounidenses.
Lo bueno
Empecemos por lo bueno que aporta este proyecto de ley. Se trata de reformas que la EFF lleva mucho tiempo buscando y su aplicación supondría una gran mejora con respecto al statu quo de la legislación de seguridad nacional.
En primer lugar, el proyecto de ley cerraría parcialmente la laguna jurídica que permite al FBI y a las fuerzas del orden nacionales hurgar en la recopilación «incidental» de datos de la parte estadounidense de las comunicaciones obtenida en virtud de la Sección 702. Actualmente, el FBI opera con una mentalidad de «quien lo encuentra se lo queda», lo que significa que, dado que los datos los recopila previamente otra agencia, el FBI cree que puede utilizarlos para otros fines casi sin restricciones. La ley SAFE exigiría una orden judicial antes de que el FBI pudiera examinar el contenido de estas comunicaciones recopiladas. Como veremos más adelante, esta reforma no va lo suficientemente lejos, ya que pueden consultar qué datos existen sobre una persona antes de obtener una orden judicial, pero sin duda supone una mejora con respecto al sistema actual.
En segundo lugar, el proyecto de ley aborda el viejo problema de la «construcción paralela». Si no estás familiarizado con este término, la construcción paralela es un método mediante el cual las agencias de inteligencia o las fuerzas del orden nacionales obtienen información sobre un sujeto a través de . Sin interés en revelar estos métodos, los agentes ocultan lo que realmente ocurrió ofreciendo públicamente una vía alternativa que podrían haber utilizado para obtener esa información. Así, por ejemplo, si la policía quiere ocultar el hecho de que conocía un correo electrónico específico porque fue interceptado en virtud de la Sección 702, podría utilizar otro método, como una solicitud con orden judicial a un proveedor de servicios, para crear una vía más aceptable públicamente hacia esa información. Para abordar este problema, la Ley SAFE exige que, cuando el Gobierno pretenda utilizar pruebas obtenidas en virtud de la Sección 702 ante un tribunal, debe revelar la fuente de dichas pruebas «sin tener en cuenta ninguna alegación de que la información o las pruebas… se habrían descubierto inevitablemente, o se obtuvieron posteriormente por otros medios».
A continuación, el proyecto de ley propone una medida que la EFF y otros grupos llevan más de cinco años intentando que se apruebe en el Congreso: acabar con la laguna legal de los corredores de datos. Tal y como está el sistema actualmente, los corredores de datos que compran y venden tus datos personales recopilados de aplicaciones de teléfonos inteligentes, entre otras fuentes, pueden vender esa información sensible, incluida la geolocalización de un teléfono, a las fuerzas del orden y a las agencias de inteligencia. Eso significa que, con un poco de dinero, la policía puede comprar los datos () para los que, de otro modo, necesitarían una orden judicial. Un proyecto de ley que cerraría esta laguna jurídica, la , pero aún no ha sido sometida a votación en el Senado. Mientras tanto, los estados han tomado la iniciativa de cerrar esta laguna legal, en mayo de 2025. La Ley SAFE propone subsanar parcialmente la laguna legal, al menos en lo que respecta a las agencias de inteligencia. Esta solución no podría llegar en mejor momento, especialmente dado que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional ha , donde el gobierno pueda comprar datos a los corredores de datos.
Otro aspecto positivo de la Ley SAFE es que pone fin oficialmente a una facultad de vigilancia que el gobierno . En su apogeo, la comunidad de inteligencia utilizó para justificar la recopilación masiva de registros de comunicaciones, como los metadatos de las llamadas telefónicas. Aunque esta autoridad legal ha caducado, siempre hemos temido que no permanezca inactiva para siempre y que pueda ser reautorizada en cualquier momento. Este nuevo proyecto de ley establece que sus poderes inactivos «dejarán de estar en vigor» en un plazo de 180 días desde la promulgación de la Ley SAFE.
Lo que hay que cambiar
La Ley SAFE también intenta aclarar un lenguaje muy importante que determina el alcance de la autoridad de vigilancia: quién está obligado a entregar información digital al Gobierno de EE. UU. Según la sección 702, los «proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas» (ECSP) están obligados a proporcionar información, pero la definición de ese término ha sido objeto de controversia y ha cambiado con el tiempo —más recientemente cuando un dictamen del tribunal FISA amplió la definición para incluir una categoría de ECSP «secretos» que no se han revelado públicamente. Por desgracia, este proyecto de ley sigue dejando ambigüedad en la interpretación y un sistema de auditoría sin una directriz clara para hacer cumplir las limitaciones sobre quién es un ECSP o garantizar la transparencia.
Como se ha mencionado anteriormente, la Ley SAFE introduce el requisito de una orden judicial para que el FBI pueda leer el contenido de las comunicaciones de los estadounidenses que se han recopilado sin orden judicial en virtud de la Sección 702. Sin embargo, la ley, en su forma actual, no exige al FBI obtener una orden judicial antes de realizar búsquedas para identificar si hay comunicaciones de estadounidenses presentes en la base de datos en primer lugar. El mero hecho de conocer esta información es muy revelador y el gobierno no debería poder beneficiarse de eludir la Cuarta Enmienda.
Cuando el Congreso reautorizó la Sección 702 en 2014, lo hizo a través de una ley llamada Ley de Reforma de la Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos (RISAA). Este proyecto de ley empeoró la Sección 702 en varios aspectos, siendo uno de los más graves que amplió los usos legales de la autoridad de vigilancia para incluir la investigación de antecedentes de los inmigrantes. En una época en la que el Gobierno de Estados Unidos está deteniendo a inmigrantes, incluyendo a , y en la que los funcionarios estadounidenses amenazan continuamente con denegar la entrada al país a personas cuyas ideas políticas no coinciden con las de la actual administración, la RISAA sienta un peligroso precedente. Aunque la RISAA expira oficialmente en abril, sería útil que cualquier proyecto de ley de renovación de la Sección 702 prohibiera explícitamente el uso de esta autoridad por ese motivo.
Por último, del mismo modo que la Ley SAFE deroga legalmente la Sección 215 de la Ley Patriota, que ya había caducado, también debería poner fin explícitamente a la «
