La interna legal de la EFF Simar Kaur también contribuyó a este artículo.
El derecho de la ciudadanía estadounidense, amparado por la Primera Enmienda, a tener acceso en igualdad de condiciones a las declaraciones oficiales del gobierno es vulnerado por el uso que hace la administración Trump del esquema de trato preferencial de Truth Social, que bloquea a quienes no estén dispuestos a pagarle a la empresa de Trump hasta 100 000 dólares al mes por acceso anticipado a noticias del gobierno, informó la EFF a un tribunal federal.
Le recordamos al tribunal que la Primera Enmienda garantiza que los miembros del público tengan acceso en igualdad de condiciones a los comentarios públicos de los funcionarios.
La EFF presentó un escrito de amicus curiae en apoyo de una solicitud de medida cautelar preliminar en la demanda interpuesta por The Intercept Media y la Freedom of the Press Foundation contra el presidente Trump y otros funcionarios de su administración. La demanda cuestiona que usen Truth Social como su principal medio en redes sociales para hacer anuncios oficiales, cuando esa plataforma ofrece acceso anticipado a dichas publicaciones a quienes paguen una tarifa.
Trump usa su cuenta de Truth Social como su principal medio para comunicarse con el público, incluso para anunciar operaciones militares y altos al fuego, políticas exteriores e internas, y la destitución y el nombramiento de los titulares de agencias federales. A comienzos de este año, Trump Media, la empresa propietaria de Truth Social, anunció “Truth API” , un servicio que da a los inversionistas acceso anticipado a mensajes del presidente y de otros altos funcionarios capaces de “mover los mercados”, a cambio de una tarifa de hasta 100 000 dólares mensuales.
Los demandantes, la Freedom of the Press Foundation y The Intercept, sostienen que el uso preferente de Truth Social con este servicio por parte del presidente y de otros funcionarios viola la Primera y la Quinta Enmiendas de la Constitución. Los demandantes piden al tribunal que impida de inmediato que el presidente publique en Truth Social de una manera que le permita lucrar con la venta de acceso anticipado a información gubernamental.
El amicus de la EFF plantea dos argumentos principales.
Primero, el escrito demuestra que los funcionarios y las agencias del gobierno utilizan las redes sociales de forma generalizada como medio de comunicación oficial con el público, incluso para difundir información crítica de seguridad pública y hacer anuncios oficiales.
Segundo, el escrito explica que la práctica cuestionada viola la Primera Enmienda, que garantiza el derecho a acceder a los comentarios públicos de los funcionarios en igualdad de condiciones con otros miembros de la prensa y del público. Dar acceso preferente a algunas personas debe estar, como mínimo, razonablemente justificado para superar el escrutinio bajo la Primera Enmienda, una prueba que la administración no supera.
Llenarles los bolsillos al presidente y a su empresa no es un interés legítimo del gobierno que justifique restringir el acceso oportuno a sus declaraciones. Además, el hecho de que el público pueda acceder finalmente a la información por otras vías, menos directas, no elimina la necesidad de aplicar el escrutinio de la Primera Enmienda: los simples retrasos en el acceso oportuno bastan para activarlo.
La EFF ha defendido el derecho, amparado por la Primera Enmienda, a un acceso igualitario a las publicaciones públicas del gobierno en redes sociales desde al menos 2018. Hemos sostenido que el derecho de acceso igualitario, bien establecido en los contextos fuera de línea, debe aplicarse también a las publicaciones oficiales del gobierno en redes sociales. Este caso representa una excelente oportunidad para que un tribunal adopte directamente esa postura.
