Desde su integración a nuestro mundo digital, las redes sociales han cumplido un papel fundamental en la organización juvenil y la movilización social. Sin embargo, el acceso de las personas a estas plataformas está cada vez más amenazado por tribunales y legislaturas con el pretexto de proteger a los jóvenes en línea, lo que representa un obstáculo considerable para la organización juvenil.  

En un caso reciente de gran alcance, Meta llegó a un acuerdo en una demanda con 52 estados y territorios sobre el uso de Instagram y Facebook por parte de los jóvenes. El acuerdo obligará a Meta, y presionará a otras plataformas ajenas a Meta como TikTok y YouTube, a incorporar mecanismos de verificación de edad en cada producto, además de exigir restricciones en las cuentas de las personas menores de 18 años, como un límite diario de dos horas y restricciones de contenido.   

El poder de los jóvenes en las redes sociales 

Los jóvenes llevan más de una década usando las redes sociales para la incidencia política y la organización comunitaria. Desde convocar protestas contra la brutalidad policial, hasta organizar paros escolares a nivel nacional exigiendo escuelas libres de violencia armada, y hacer huelga para exigirles a los legisladores que actúen para proteger el clima, las redes sociales se han vuelto una herramienta clave para que los jóvenes alcen la voz y se conecten con otros jóvenes activistas.  

Instagram se ha vuelto especialmente útil para el activismo en línea de los jóvenes. Las funciones de la aplicación la convierten en una herramienta práctica para difundir información de forma rápida y eficiente, algo especialmente importante cuando hay que compartir información en tiempo real. Por ejemplo, el video que Darnella Frazier, de 17 años, publicó en Facebook le mostró al mundo el asesinato de George Floyd. 

El impacto del activismo juvenil en línea también es evidente en plataformas ajenas a Meta: servicios como TikTok y YouTube son particularmente habituales como espacios para que los jóvenes cuenten sus historias, construyan movimientos y amplifiquen la participación colectiva.

Sin embargo, en un mundo digital que funcione bajo las nuevas reglas del acuerdo, los jóvenes corren el riesgo de no poder leer noticias cruciales porque el contenido queda etiquetado como "inapropiado para su edad", algo que ya les ocurrió a los adolescentes en Australia bajo la prohibición de redes sociales de ese país.  

Un límite diario de dos horas y un bloqueo de las aplicaciones de Meta entre la medianoche y las 6 de la mañana dejan poco margen para que los jóvenes activistas organicen respuestas rápidas. No poder ver los "me gusta" de una publicación les dificultará medir la efectividad de sus campañas.   

Súmale a eso lo que ya sabemos sobre las políticas de contenido de Meta, que dicen "proteger a la infancia" y mantener los sitios "aptos para toda la familia", pero que en realidad etiquetan contenidos como los contenidos LGBTQ+ de "adultos" o "dañinos": los jóvenes se quedarán sin opción alguna sobre qué contenido ven, una vez que el filtro de contenido "apropiado para la edad" esté activado por defecto. Un informe reciente señaló que Meta había ocultado publicaciones que mencionaban hashtags LGBTQ+ como #lesbian, #bisexual, #gay, #trans y #queer a los usuarios que tenían activado el filtro de contenido sensible. Esto limitaría específicamente el trabajo de los jóvenes activistas que se dedican a la educación sexual integral.   

Tendencias globales 

Medidas como esta se están discutiendo en todo el mundo, pero no todos los tribunales han adoptado un enfoque tan miope. En agosto, el Consejo Constitucional francés acertó en mucho con su decisión de anular la ley que prohibía las redes sociales a los menores de 15 años, por vulnerar la libertad de expresión y comunicación de todas las personas en línea, no solo de los jóvenes.  

El tribunal francés también llamó la atención sobre la vulneración de la privacidad, ya que la ley habría obligado a personas de todas las edades a entregar documentos de identidad, escaneos faciales y otra información sensible para demostrar su edad y acceder a contenidos en línea.  

Exigirles tantos datos a los usuarios pone a los activistas en riesgo de una vigilancia aún mayor. Meta ya ha cedido antes a exigencias policiales de entregar los mensajes de sus usuarios. La cantidad de información personal que quedará registrada y que la policía podría exigir mediante una orden judicial para frenar o investigar las acciones o los planes de los activistas podría generar un efecto inhibitorio y obligar a quienes hacen incidencia a suspender o abandonar su trabajo.  

Esto es especialmente grave porque estos sistemas identifican mal o dejan fuera a las personas racializadas, las personas con discapacidad y las personas trans o de género no conforme cuyos documentos quizá no coincidan con el nombre que eligieron ni con el aspecto que el sistema espera de ellas al momento de la verificación. Y suelen ser justamente esas comunidades las que más se benefician de la organización en línea, sobre todo en el caso de los jóvenes marginados, porque las redes sociales suelen ser el único lugar donde pueden organizarse y construir comunidad. 

Lo que los jóvenes merecen 

El acuerdo genera titulares, pero no resolverá el problema de fondo. En vez de enfrentar el modelo de negocio de capitalismo de la vigilancia de Meta, que convierte todo el contenido en línea en ganancia potencial y antepone llenarle los bolsillos a la empresa a proteger la expresión y la privacidad de los usuarios, este acuerdo le da a la gigante tecnológica la oportunidad de moldear un nuevo mundo digital que prioriza sus propias necesidades, no las de los jóvenes.  

Como venimos advirtiendo en otros contextos, esto empujará a los jóvenes al aislamiento digital y les recortará el acceso vital a noticias y recursos para su salud y su desarrollo. También ignora por completo el reclamo de los propios jóvenes, que prefieren la alfabetización digital y la educación antes que la vigilancia y el control estatal.   

Los jóvenes merecen un internet mejor que uno regulado desde el pánico. Merecen algo mejor que dejar en manos del gobierno o de las grandes tecnológicas la decisión sobre cómo usan las redes sociales y a qué pueden o no exponerse o aprender. Merecen algo mejor que ver minimizado su derecho a la libre expresión. Esto no se puede perder de vista en el afán de construir un ecosistema y un entorno en línea mejores y más seguros.