La muy controvertida Directiva de conservación de datos de la UE obligó a todos los ISP y proveedores de servicios de telecomunicaciones que operan en Europa a recoger y retener los números entrantes y salientes del teléfono de un abonado, las direcciones IP, datos de localización y otros datos clave de tráfico de telecomunicaciones y de Internet para un período de seis meses a dos años.. Un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Irish Digital Rights Ireland (DRI) en contra de la Ley de retención de datos de 2009 se remitió al Tribunal de Justicia Europeo (TJE). En 2014, el Tribunal de Justicia declaró que la Directiva no es válida.
Digital Rights Ireland (DRI), una ONG de cabildeo y defensa de derechos digitales
Irlanda
La Directiva Europea de retención de datos (DRD), aprobados por la Unión Europea en 2006, es el ejemplo más destacado de un marco de retención obligatoria de datos. La altamente controversial Directiva obligaba a todos los ISPs y proveedores de servicios de telecomunicaciones que operan en Europa a recoger y retener los números entrantes y salientes del teléfono de un abonado, las direcciones IP, datos de localización y otros datos clave de tráfico de telecomunicaciones y de Internet para un período de seis meses a dos años. Desde su aprobación, la Directiva sobre conservación de datos de la UE se ha enfrentado a fuertes críticas. La Directiva carecía de salvaguardias que limiten la recolección gubernamental y el acceso a los datos de los individuos. También omite los controles sobre cuáles son los datos que pueden usarse y para que.
La retención de datos gubernamental por mandato impacta a millones de usuarios comunes comprometiendo el anonimato en línea, crucial para los denunciantes, los investigadores, los periodistas y los que se desempeñan en el discurso político. Leyes de retención de datos son invasivas, costosos, y dañan el derecho a la privacidad y la libertad de expresión. Privacidad riesgos aumentan a medida que estas bases de datos se vuelven vulnerables al robo y la divulgación accidental. Los proveedores de servicios deben absorber el costo de almacenar y mantener estos grandes bases de datos y, a menudo pasar estos costos a los consumidores.
Irlanda ha sido uno de los defensores más tempranos y decididos de la retención de datos en Europa. En 2001, Karlin Lillington del Irish Times reveló que las compañías telefónicas irlandeses conservan los datos hasta seis años. Cuando esta práctica fue cuestionada por el Comisario de Protección de Datos de Irlanda, el gobierno intervino y dio una directriz secreta a los operadores de telecomunicaciones para retener todos los datos de tráfico (incluyendo los datos de localización del teléfono móvil) durante tres años. El escándalo subsiguiente llevó a la entonces ministra de Justicia introducir una legislación independiente. Las críticas de que el régimen de retención de datos de Irlanda violó los reglamentos vigentes de la UE sobre la privacidad de las telecomunicaciones llevaron a Irlanda proponer la iniciativa a nivel europeo que finalmente se convirtió en la Directiva sobre conservación de datos. La propia Irlanda aprobó la aplicación de la directiva de la UE en 2011. Derechos Digitales Irlanda se formó en medio de esta batalla nacional y comunitaria, y desde su creación, hizo uno de sus objetivos principales la lucha contra la retención de datos. Como parte de esta misión, DRI comenzó un desafío jurídico de la UE a la ley la aplicación de retención de datos de Irlanda en 2006.
Debe tenerse en cuenta que hay una dimensión legal y política en estos casos. Incluso si una ley es declarada inválida pueden existir presión para adoptar una ley parecida en el futuro. Es importante sentar las bases para asegurarse de que el efecto de una victoria legal no se deshace por la normativa posterior, que podría ser igual de malo.
DRI corre con un presupuesto modesto, pero incluido entre las fundadores están abogados activos lo que les permite incluir una acción legal como un medio potencial para lograr un cambio. De buenas a primeras, se dedicaron a atraer la atención de los medios de comunicación a través de comunicados de prensa y los blogs establecer una reputación como expertos en el dominio.
Ellos apalancados dar y tomar las relaciones con los periodistas, poniéndolos en contacto con académicos que aportaron preguntar los periodistas con conocimientos previos. También pidieron reuniones con diversos miembros del Parlamento, a fin de informar a ellos ni a sus asesores sobre los temas. Ellos se aprovecharon una relación de toma y daca con los periodistas, poniéndolos en contacto con académicos que le proporcionaron—a periodistas interesados—con conocimientos de fondo sobre el tema. También pidieron reuniones con diversos miembros del Parlamento, a fin de informar a ellos o sus asesores sobre los temas.
El gobierno irlandés hizo todo lo posible para utilizar cada escollo legal posible contra el proceso legal de DRI contra la ley. Tan frustrante como lo fue, el grupo aceptó que el pleito iba a llevar mucho tiempo. Lo hizo, la lucha se prolongó durante ocho años, pero por suerte en DRI mantuvieron el ánimo alto y tenían el apoyo de la coalición de derechos digitales Europea (EDRI). Después de las revelaciones Snowden, el clima político cambió drásticamente y la corte estaba muy claramente en contra de la directiva. DRI puede haber ganado en cualquier caso, pero las revelaciones significaron que ya no estaban luchando una batalla cuesta arriba.
El 8 de abril de 2014, el Tribunal Europeo de Justicia declaró invalida la Directiva sobre Retención de Datos. La Retención de Datos se ha ido en cada estado miembro, pero el desafío de implementar esa decisión en los estados individuales aun permanece.
Mientras que organizaciones como la Electronic Frontier Foundation han conducido litigios de impacto público en los Estados Unidos en la búsqueda de la privacidad y la libre expresión en línea, esta estrategia es tradicionalmente más difícil en otras jurisdicciones. Los litigios, en general, pueden ser muy caros, sobre todo en países como Irlanda, donde los perdedores de una demanda generalmente tienen que pagar los costos legales de la otra parte, así como su propia. Además, puede ser difícil establecer precedentes que operan de manera más amplia que el resultado de un solo caso.
A pesar de que era una cuestión controvertida, Digital Rights Irlanda era, en última instancia, capaz de convencer a los tribunales irlandeses de aceptar un procedimiento de Accio Popularis, lo que significa que DRI presentó el caso en nombre de los derechos de privacidad de todos los individuos y no representando a sus propios derechos corporativos. Desde la acción de DRI, otros grupos de derechos digitales en Europa comenzaron a utilizar estrategias similares, incluyendo Open Rights Group de Reino Unido, que ha nombrado a un director legal para llevar a cabo este tipo de casos y Privacy International, que—junto con una coalición de otros grupos—en 2014 desafió al GCHQ en el Tribunal de Poderes de Investgación Britanico.
La Coalición importa: DRI se benefició enormemente de su pertenencia a EDRI y su capacidad para compartir información con otros grupos de Europa. El caso de retención de datos de DRI se fusionó finalmente con uno similar de Austria, que ayudó a entender al ECJ que se trataba de un asunto de importancia en toda Europa.
Resulta útil el desarrollo de alianzas con otros grupos domésticos de derechos civiles, incluso si no tienen ningún conocimiento especial en el espacio de los derechos digitales, puesto que todavía tienen un conocimiento vital acerca de los problemas políticos y jurídicos más amplios.
- Educar y compartir el conocimiento con el público a fin de obtener apoyo y hacer que la gente se preocupe por su causa.
- Los periodistas son aliados clave: Ellos son el público más importante puesto que son los que difunden noticias al público.
- Trabajar con una mezcla de especialistas: Tener relaciones con académicos y abogados en ejercicio es crucial, ya que los académicos a menudo tienen antecedentes adicionales que los profesionales no siempre tienen.
- Antes de presentar una reclamación, formular sus argumentos y preparar el terreno para el caso.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia declara invalida la Directiva sobre Retención de Datos.
- ECJ dice: El mandato de la UE la vigilancia masiva "supone una interferencia con los derechos fundamentales de la práctica totalidad de la población europea."
- Retención de datos en Irlanda: Privacidad, Políticas y proporcionalidad, TJ McIntyre.
