Cada año, Google recibe miles de solicitudes de distintos gobiernos de todo el mundo que buscan información sobre sus usuarios. Cada persona que utiliza alguno de los servicios online gratuitos de este gigante buscador - como por ejemplo Gmail, YouTube, Google+ o Blogger- deja a cada paso una huella digital. Y los pedidos de las autoridades para acceder a esa información van en aumento. Para concientizar sobre esta situación, Google publica cada seis meses su Informe de Transparencia, documentando cuántas solicitudes de datos de usuarios recibió, y de qué países. Twitter comenzó a hacer algo similar hace poco tiempo.

Los Estados Unidos solicitan información de forma mucho más frecuente que cualquier otro país

El informe más reciente, que abarca los pedidos de información enviados en el semestre que finalizó en junio de 2012, va en línea con una preocupante tendencia. En conjunto, las solicitudes de información de los usuarios continúa en aumento. En la primera parte de 2012, distintas entidades gubernamentales alrededor del mundo enviaron a Google un total de 20.938 solicitudes. Los pedidos corresponden a unas 34.614 cuentas (Este mapa interactivo es una herramienta útil para tener una idea del panorama general, y ver los pedidos de información país por país). 

En sintonía con cinco de los seis conjunto de datos anteriores, el gobierno de los Estados Unidos también envió, por lejos, el mayor número de pedidos de datos de usuarios en el mundo. Con 7.969 pedidos de información en la primera mitad de 2012, las solicitudes de EE.UU se duplicaron desde que Google comenzó a hacer públicas estas estadísticas, hace ya tres años.

Brasil envía más pedidos que todos los restantes países latinoamericanos juntos

Otro hallazgo del informe es que, de todos los países de Latinoamérica, Brasil es un caso único en cuanto a pedidos de datos de los usuarios. Desde julio a diciembre de 2009, Brasil envió 3.663 pedidos, superando a cualquier otro país del mundo en ese mismo año. Los 1.566 pedidos enviados en la primera mitad de 2012, parecen pocos al lado del volumen de los pedidos enviados por los Estados Unidos. Pero Brasil realmente se destaca en comparación con sus vecinos latinoamericanos.

Hay distintas razones para tener en cuenta al comparar estos dos países. Por un lado, la población (y particularmente la población digital) de los Estados Unidos es mucho más grande que la de Brasil, por lo cual, per cápita, los pedidos brasileños pueden ser mayores. Por el otro lado, no hay que olvidar a Orkut -una red social operada por Google- que demuestra que una proporción mucho mayor de la actividad online en Brasil pasa por Google. Como Orkut es tan popular en Brasil, el gobierno brasileño podría enviar un mayor número de pedidos a Google que otros países en la región, en los cuales hay menor cantidad de usuarios de Orkut.

En suma, y por una importante diferencia, el gobierno brasileño envió más pedidos en 2012 que todas las otras naciones latinoamericanas en conjunto. Brasil solicitó que Google le entregue información sobre sus usuarios unas once veces más a menudo que Argentina, país en el que se registró el segundo número de pedidos más altos de la región latinoamericana. En el ranking de pedidos del gobierno de información de los usuarios en todo el mundo, Brasil se ubica en el tercer lugar.

Estos hallazgos llegan en un momento en que los defensores de los derechos digitales ya han expresado su preocupación sobre cómo proteger las expresiones anónimas online en Brasil. A finales de septiembre, el director de operaciones de Google en ese país fue encarcelado por negarse a cumplir con un pedido de remover un video en YouTube. Al mismo tiempo, las leyes que criminalizan las calumnias, que apuntan proteger la reputación de las personas, constituyen una amenaza a la libertad de expresión en Brasil y en otros países de América Latina.

Como expresó Frank La Rue, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, “la criminalización [de las calumnias] puede tener un efecto contraproducente. La amenaza de imponer sanciones más duras puede terminar erosionando el derecho a la libertad de expresión”. Como el Comité para la Protección de los Periodistas ha venido informado a lo largo de los años, las leyes para criminalizar las calumnias, y las decisiones judiciales que van en la misma línea, están afectando el periodismo independiente en muchos países de América Latina.

La legislación brasileña pone en riesgo la privacidad de los usuarios

Los pedidos de información del gobierno brasileño que se reflejan en el informe de Google están siendo emitidos en un momento en que las autoridades están presionando activamente para obtener un mayor acceso a los datos de los usuarios de Internet. Un artículo en la nueva ley brasileña de lavado de dinero (Ley Federal 12683/2012) permite que la Policía y los fiscales puedan demandarle a los proveedores de Internet ciertos datos de registro de los usuarios, con sólo un simple pedido y sin orden judicial, en casos criminales vinculados con el lavado de dinero:

“Artículo 17-B. La policía nacional y los fiscales tendrán acceso, exclusivamente, a los datos de registro del sospechoso mantenidos por el Tribunal Electoral, las empresas de telefonía, instituciones financieras, proveedores de servicios de Internet y los administradores de tarjetas de crédito, que revelen la información personal, nombres y direcciones del padre y de la madre, independientemente de contar con autorización judicial”

En paralelo, hay otra legislación preocupante que está siendo considerada en Brasil.

El proyecto de Ley 6578/2009, que legisla sobre organizaciones criminales, fue recientemente enmendado y se incluyó lenguaje relacionado con la divulgación de datos:

“Las autoridades policiales y los fiscales tendrán acceso a los datos de registro del sospechoso mantenidos por la Justicia Electoral, las compañías telefónicas, las instituciones financieras, proveedores de Internet y las compañías de tarjetas de crédito, que revelen datos personales y nombre y dirección del padre y de la madre, con independencia de la aprobación judicial”.

El proyecto también convierte en un crimen la negación a divulgar esa información, algo que se puede sancionar con hasta dos años de prisión. Otra norma en Brasil, El proyecto de Ley 4666/2012, modifica el artículo 14 del Código de Procedimiento Penal y busca permitir que la Policía federal demande datos de registro de los usuarios de Internet, removiendo cualquier necesidad de contar con una orden de un juez o con supervisión judicial.

La necesidad de aumentar las protecciones a la privacidad

La proliferación de nuestras huellas digitales, el menor costo de almacenar y extraer información de enormes bases de datos, y el hecho de que cada vez confiemos más y más en terceros para que guarden nuestra información más preciada, generan un aumento de la vigilancia a gran escala. Pero el sólo hecho de que las comunicaciones de Internet proporcionan datos más detallados no debería marcar el comienzo de una menor protección de la privacidad frente al gobierno. Por el contrario, el hecho de que un conjunto más rico de información esté disponible, debería generar una mayor protección y no una menor. 

En un entorno en que se está buscando expandir los poderes de las autoridades para acceder a la información digital de los usuarios, no parece sorprendente que las entidades gubernamentales también recurran a Google para intentar obtener aún más información. El Informe de Transparencia de Google saca a la luz distintas prácticas de vigilancia electrónica que tienen implicaciones dramáticas para el derecho a la privacidad. En particular en las naciones democráticas, el derecho a la privacidad debe ser protegido, y los gobiernos deben ofrecer un mayor grado de transparencia, revelando por qué están pidiendo información de los usuarios.

Los gobiernos deben empezar a pensar cómo proteger mejor la privacidad online de sus ciudadanos, y no sólo cómo erosionarla. Dado el carácter transfronterizo de muchos servicios online, es fundamental contar con una base sólida para proteger la privacidad digital a nivel internacional y segurar el respeto a la privacidad y al anonimato de todos los ciudadanos del mundo.