Agradecimientos a Luis Gil Abinader, investigador de FLACSO Argentina, por la traducción al español. Artículo original en inglés.

Los funcionarios cercanos a las negociaciones anunciaron ayer que alcanzaron un entendimiento final sobre el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). Ese anuncio se produjo después de una prolongada ronda de negociación en Atlanta, Georgia, que giró principalmente alrededor de desacuerdos sobre normas relativas a patentes farmacéuticas y aranceles sobre vehículos y productos lácteos.

No tenemos razón para creer que el TPP ha mejorado mucho desde la última versión filtrada en agosto pasado, y no lo sabremos hasta que el Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) publique el texto. Así que si todavía contiene una extensión retroactiva al término de 20 años de protección del copyright (derecho de autor); prohíbe eludir restricciones de DRM; incluye penas masivamente desproporcionales por la infracción de copyright ; y reglas que criminalizan el periodismo de investigación y a los denunciantes; tenemos que hacer todo lo posible para impedir que este acuerdo sea firmado, ratificado, y entre en vigor.

El hecho de que los derechos de libertad de expresión, privacidad, y acceso al conocimiento en línea de cerca de 800 millones de usuarios de internet dependía de disputas sobre reglas comerciales relativas a vehículos y lácteos es precisamente la razón por la cual la política digital no pertenece a los acuerdos comerciales. Hollywood, grandes editoras, e incluso gigantes empresas tecnológicas se han aprovechado de este proceso secreto y raptado por corporaciones, para salirse con las suyas promoviendo reglas que en un proceso abierto y participativo, no lo hubiesen logrado. La ley de Fast Track, fue aprobada en Estados Unidos este verano, fue una pieza clave en la caja de herramientas de la Casa Blanca para lograr que este acuerdo se apruebe en el Congreso sin demasiado escrutinio. Aun así, esa ley tiene una ventaja — esto es, puede ayudar a embarrar la fase final del TPP.

Pese a todas las fallas del Fast Track, esa legislación impone a la Casa Blanca un cronograma para finalizar, firmar, y ratificar acuerdos que usen este mecanismo expedito de aprobación comercial. Esto incluye un mandato que requiere presentar una notificación en un período como mínimo de 90 días antes de que el Presidente firme el acuerdo. Treinta días después de esa notificación, el texto tiene que ser publicado en línea—así que todavía queda alrededor de un mes en el cual los funcionarios de comercio estadounidenses pueden reclamar [formalmente] que tienen un texto final y notificarlo, pero realmente no tener un texto. El Presidente Barack Obama notificará al Congreso con el propósito de poner a correr el reloj de estos requerimientos del Fast Track. Si así lo hace, la ley le exige a la Casa Blanca que publique en línea el texto final, en 30 días. En caso contrario estaría violando la cronología que le impone la Fast Track. (Un análisis más detallado sobre esta cronología puede ser consultado en el sitio de Public Citizen).

Mientras continuamos la lucha contra este tratado tóxico y capturado por corporaciones, necesitamos recordar este dato: las leyes hechas en secreto, sin escrutinio o aportes del público, son ilegítimas. Si estamos para defender uno de los pilares fundamentales del gobierno moderno, que la ley debe reflejar con transparencia la voluntad del pueblo, debemos luchar en contra de un acuerdo que flagrantemente ignora el proceso democrático.

Pronto veremos qué hay realmente en este acuerdo. Por fin, la Casa Blanca no podrá esconderse detrás del secretismo. Y mientras subsista cualquier amenaza para el Internet y nuestros derechos digitales, EFF, junto a una gran coalición de organizaciones que defienden el interés público, nos movilizaremos para sepultar este acuerdo de una vez y por todas.

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Noticias adicionales sobre el TPP:

  • EFF fue una de las 17 organizaciones sobre trasparencia y gobierno abierto con sede en EE.UU. que enviaron una carta al Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) Michael Froman cuestionando el nombramiento del consejero general de su propia agencia para convertirse en su nuevo jefe de transparencia. Este nuevo funcionario de la USTR es una posición que fue impuesta por la ley de Fast Track, aprobada este verano con un pequeño margen de votos a favor.
  • La Society of American Archivists, organización estadounidense dedicada a la preservación de archivos, ha publicado una fuerte declaración en oposición al TPP por sus disposiciones sobre copyright, dado que potencialmente pueden perjudicar archivistas e investigadores.