Hay que poner freno a Facebook. Los legisladores y los usuarios de a pie están enfadados, tras haber escuchado a la ex empleada de Facebook Frances Haugen explicar cómo Facebook valoraba el crecimiento y el compromiso por encima de todo lo demás, incluso de la salud y la seguridad. Pero el último esfuerzo del Congreso por regular los algoritmos que recomiendan contenidos en las plataformas de redes sociales no da en el clavo.

Necesitamos una ley de privacidad fuerte. Necesitamos leyes que restablezcan la competencia real y la interoperabilidad de los datos. Y luego, necesitamos tener un debate serio sobre la división de Facebook en sus partes componentes. En otras palabras, el gobierno federal debería volver atrás y hacer la rigurosa revisión de las fusiones que debería haber hecho en primer lugar, antes de las compras de Instagram y WhatsApp.

Es lamentable que los legisladores, en general, se nieguen a buscar estas soluciones. Mientras expresan su conmoción y rabia por el testimonio de Haugen, seguimos viendo cómo promueven una legislación que afianzará el poder de los actuales gigantes tecnológicos y perjudicará gravemente el derecho a la libertad de expresión de los usuarios.

Las recomendaciones personalizadas no son el problema

El esfuerzo más reciente es un proyecto de ley llamado "Ley de Justicia contra Algoritmos Maliciosos" (Ley JAMA, H.R. 5596). Esta propuesta de ley, patrocinada por el presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, Frank Pallone (demócrata de Nueva Jersey), y otras tres personas, es otro ataque erróneo a los usuarios de Internet en nombre de la lucha contra las grandes empresas tecnológicas.

La Ley JAMA parte de la premisa de que, dado que algunas grandes plataformas están fracasando en la moderación de contenidos, el gobierno debería ordenar cómo los servicios moderan el discurso de los usuarios. Este intento concreto de control gubernamental de la expresión se centra en la regulación de los "algoritmos personalizados" que se utilizan para promover o amplificar la expresión de los usuarios y conectarlos entre sí.

La Ley JAMA eliminaría las protecciones de la Sección 230 para los servicios de Internet cuando a los usuarios se les sirva contenido con un "algoritmo personalizado" que les sugiera algún contenido ajeno, y luego sufran un grave daño físico o emocional como resultado. Esencialmente, el proyecto de ley haría responsables a los servicios en línea si sirvieran a un usuario con contenido de otro usuario que el primer usuario reclame posteriormente que le ha perjudicado.

Uno de los mayores problemas es que el proyecto de ley ofrece una vaga definición de "algoritmo personalizado", que define como cualquier algoritmo que utilice "información específica de un individuo". Esta amplia definición podría ir mucho más allá de la información de identificación personal y podría incluir que un usuario proporcione su ubicación al servicio, o que indique el tipo de contenido que le gustaría ver en un servicio.

Las recomendaciones personalizadas se dan mucho en el mundo online porque son útiles para los usuarios. Los usuarios que han visto un buen artículo, un vídeo interesante o han mostrado interés por un producto o servicio suelen estar interesados en otras cosas similares.

La vaga definición de "algoritmo personalizado" hace que sea casi imposible para un servicio saber qué esfuerzos para organizar y curar el contenido generado por el usuario en su sitio caerán bajo ella. Y eso es un gran problema porque el proyecto de ley elimina las protecciones de la Sección 230 basándose en esta vaga definición.

Una vez que desaparezcan las protecciones de la Sección 230, será mucho más fácil demandar a los servicios de Internet por las sugerencias que hagan. El proyecto de ley se aplica a cualquier servicio con más de 5 millones de usuarios mensuales, lo que incluye una amplia franja de la red, la mayoría de ellos servicios mucho más pequeños que Facebook y que no tienen ni de lejos su nivel de recursos de moderación de contenidos.

La sección 230 pone fuertes límites a las demandas cuando las reclamaciones legales se basan en el discurso de otras personas. JAMA eliminaría esos límites en muchas situaciones. Por ejemplo, la Sección 230 significa que alguien que mantiene un foro de discusión en línea normalmente no puede ser demandado por una de las discusiones que albergó, pero según JAMA, el propietario del foro podría ser demandado si los comentarios se presentaron de acuerdo con una "recomendación personalizada".

Una avalancha de demandas de baja calidad será un fuerte incentivo para que los servicios en línea censuren la expresión de los usuarios y restrinjan las herramientas básicas que permiten a los usuarios encontrar temas y otros usuarios que comparten sus intereses y opiniones.

Por ejemplo, la Sección 230 generalmente impide que los sitios de reseñas sean demandados por las reseñas de los usuarios. Pero según JAMA, un sitio como Yelp podría ser demandado por la expresión de los usuarios, ya que las reseñas se presentan de forma personalizada. Un sitio como Etsy o eBay podría ser demandado por productos recomendados. Los agregadores de noticias personalizadas como Flipboard podrían ser demandados por artículos de noticias que no han escrito, pero que han servido a los usuarios.

Castigar las recomendaciones no soluciona nada

Teniendo en cuenta el nuevo panorama legal que crearía JAMA, es fácil imaginar que los servicios web y las empresas de medios de comunicación reduzcan drásticamente el número de recomendaciones que hacen si esta propuesta se aprueba. Pero ese no será el peor daño. Con toda probabilidad, será la avalancha de demandas sin fundamento lo que supondrá una enorme carga para cualquier servicio web que no tenga el dinero o la influencia de Google o Facebook. Será muy difícil crear una pequeña empresa o sitio web que pueda permitirse defenderse de los inevitables desafíos legales sobre el contenido que recomienda.

El proyecto de ley contiene algunas exenciones limitadas, incluida una que eximiría a las empresas con 5 millones de visitantes únicos mensuales o menos. Pero ese límite de tamaño no eximiría ni siquiera a muchos servicios de tamaño medio. Ese límite haría que un sitio como BoardGameGeek.com fuera responsable de recomendar la conexión con el juego o la comunidad de jugadores equivocados; el sitio de tejido Ravelry podría tener problemas por conectar con el artesano equivocado. Sitios de fitness como Strava, MapMyFitness y RunKeeper superan ampliamente el límite de tamaño y podrían perder la protección por recomendar rutas de running y senderismo a otros usuarios.

Este proyecto de ley parece ser una respuesta directa a la sugerencia de la ex-facebookista Frances Haugen de que el problema de su antiguo empleador es "el algoritmo". Es cierto que la moderación de contenidos en Facebook es terrible, algo que hemos señalado muchas veces. Pero los legisladores pasaron de ahí a elaborar una propuesta que castigaría a una amplia franja de servicios que simplemente utilizan software para hacer sugerencias personalizadas a otros usuarios de Internet. Eso es una mala política y un ataque a los derechos de expresión de los usuarios.

Las verdaderas respuestas a los problemas que los autores de este proyecto de ley pretenden solucionar -competencia, privacidad, interoperabilidad y una fuerte acción antimonopolio- están ahí para ser tomadas. Al presentar proyectos de ley como la Ley JAMA, los legisladores como el diputado Pallone simplemente optan por no utilizar las herramientas que realmente harán el trabajo. Han elegido el camino equivocado una y otra vez, con la Ley EARN IT del año pasado, en la Ley PACT de este año y en la Ley SAFE Tech. Estos proyectos de ley crearían una explosión de nuevos negocios para los abogados de daños y perjuicios, incluidos los abogados que presentan demandas en nombre de personalidades en línea que se dedican a difundir mentiras médicas, discursos de odio y desinformación electoral.

Los usuarios deben poder obtener información adaptada a ellos, y deben poder elegir la plataforma en la que desean recibirla. Los creadores deben poder hacer llegar sus contenidos a los usuarios que estén interesados en ellos, con la ayuda de las plataformas elegidas. Todos los usuarios deberían poder conectarse con otros usuarios según sus intereses, creencias y opiniones, actividades que están protegidas por la Primera Enmienda. Para contar con una plaza pública digital verdaderamente vigorosa, necesitamos que las plataformas que puedan ofrecerla tengan pocas barreras de entrada.