El Intelligence Support System (ISS) Latin World America, una feria que sucedió del 20 al 22 de octubre pasado en la ciudad de México, donde los proveedores de sistemas secretos de vigilancia se reunieron para exhibir y vender sus productos a los gobiernos, genera preocupaciones sobre el uso descontrolado de las tecnologías de vigilancia en América Latina.
El sitio oficial de ISS World Latin America ha anunciado esta feria como si fuese cualquier otra que ocurre en la Ciudad de México, y se ha presentado a sí misma como “la reunión mundial más grande de analistas centroamericanos y suramericanos de las fuerzas de seguridad, la defensa y la seguridad nacional y de operadores de telecomunicaciones responsables de la interceptación legal, investigaciones electrónicas de alta tecnología y la recolección de inteligencia en la red”.
Este evento arroja una luz sobre el interés de los gobiernos latinoamericanos para adquirir tecnologías de vigilancia más intrusivas. Como siempre hemos manifestado, la vigilancia se ha vuelto cada vez más asequible y más fácil de practicarla. La legislación en la región carece de controles y contrapesos suficientes que limiten efectivamente el uso de estas tecnologías de vigilancia invasivas y las garantías suficientes para evitar los abusos de poder. Y, si bien las leyes internacionales de los derechos humanos proporcionan un marco para restringir la vigilancia a lo que sea necesario y proporcional, muchos Estados se han negado a aplicar estas normas en sus operaciones de vigilancia.
Por otra parte, a lo largo de la región casi no existen normas que obliguen a la transparencia sobre el uso y alcance de las normas de vigilancia o mecanismos eficaces e independientes de supervisión pública, dejando atrás cualquier remedio efectivo frente a las violaciones de la privacidad. Estas salvaguardias son necesarias en cualquier sociedad democrática para asegurar que se respete el Estado de Derecho.
Y para colmo de males, algunas técnicas de vigilancia ya han sido mal utilizadas para espiar a periodistas y disidentes políticos. Esto ocurrió, por ejemplo, en el Estado de Puebla en México, donde los opositores políticos y periodistas fueron atacados con malware, así como en Ecuador, donde la Secretaría de Inteligencia Nacional (Senain) utilizó la tecnología de vigilancia de la compañía Hacking Team para espiar a dirigentes de la oposición.
Luis Fernando García, director de la mexicana Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), dijo a EFF:
"La mayoría de los clientes de Hacking Team en México no tienen facultades legales para conducir la vigilancia. No sólo la compra y el uso de malware para espionaje era ilegal, sino que hay evidencias de que se ha utilizado para atacar a adversarios políticos".
Agenda del ISS World Latin America
Como lo publicó el sitio web de ISS, el evento consiste de cinco partes fundamentales:
- Pista 1: Sistemas de apoyo para la Interceptación Legal e Investigación Criminal
- Pista 2: Monitoreo de Tráfico Cifrado y Capacitación en Productos de Intrusión
- Pista 3: Capacitación y Demostración de Productos para Analistas de Inteligencia y Agencias del Orden Público
- Pista 4: Demostración de productos para el análisis de Big Data y el monitoreo de redes sociales
- Pista 5: Demostraciones de productos para la interceptación, vigilancia y localización de señales móviles
El sitio web del evento proporciona un folleto que indica que las actividades de vigilancia se llevan a cabo en forma legal y segura, sin embargo, el sitio omite un detalle importante: Algunas de estas tecnologías de vigilancia han sido vendidas a Estados opresores para cometer violaciones de derechos humanos.
EFF, junto a organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Derechos Digitales, Artículo 19, Social Tic, and the Frente por la Libertad de Expresión han emitido una declaración en rechazo a la organización de ISS en México ya que este país arrastra una debilidad institucional permanente con una “crisis de impunidad, corrupción, desapariciones forzadas, tortura y un lamentable déficit democrático”.
La declaración destaca que “la adquisición y uso de software de espionaje por parte de los gobiernos de países latinoamericanos no puede hacerse sin controles estrictos, rendición de cuentas y transparencia. La acciones de seguridad y la persecución del delito deben ser tareas encaminadas a proteger las libertades y los derechos humanos, no excusa para lastimar su ejercicio”.
Lea el texto íntegro de la declaración en este enlace.